La Fiscalía Europea amplía sus investigaciones sobre fondos de la alta velocidad Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea abre una nueva investigación por posible fraude de fondos en la alta velocidad Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda.
La Fiscalía Europea ha anunciado la apertura de oficio de una segunda investigación por un posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a mejorar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tras la catástrofe de Urda. Ya existían diligencias abiertas desde marzo por el tramo de Adamuz, en la zona donde se produjo el siniestro ferroviario de Córdoba. Las diligencias se practican en secreto.
La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, está integrada por fiscales delegados en los países de la Unión. En el marco de estas pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en tres entidades públicas: el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. Allí se ha recabado información sobre ayudas públicas concedidas para modernizar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones del tramo donde chocaron dos trenes el 28 de octubre.
La UCO, que ya trabaja en las causas judiciales abiertas por los accidentes de Montoro (Córdoba) y Orgaz (Toledo), colabora con la Fiscalía Europea desde el mismo día del accidente para comprobar si existían contratos vinculados a fondos europeos.
El organismo puede solicitar y analizar documentación de las entidades que hayan recibido fondos comunitarios, así como citar a testigos e investigados. Estas diligencias pueden terminar en el archivo del asunto o en la apertura de un procedimiento judicial. En el caso de Adamuz todavía no se ha citado a nadie a declarar, y en el de Urda habrá que esperar al análisis de la documentación incautada este viernes.
Si los fiscales detectaran indicios de desvío de fondos destinados a las líneas de alta velocidad del corredor andaluz, el asunto llegaría a la Audiencia Nacional. Allí, los jueces de garantías autorizan las medidas que afectan a derechos fundamentales. Los expedientes pueden prolongarse meses o incluso años antes de decidir si se judicializan.
Información elaborada a partir de El Día.