La IA en las campañas electorales: deepfakes, límites legales y riesgos para la democracia
La IA generativa y los deepfakes en campañas electorales: qué dice la ley española y europea sobre su uso y dónde está el límite.
La irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa ha cambiado la comunicación audiovisual. Lo que antes exigía meses de edición y una inversión considerable se consigue ahora en minutos, con una simple instrucción a un sistema de IA. Clonar la voz de un líder político, animar su rostro o situarlo en un vídeo hiperrealista diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió son ejemplos ya habituales, conocidos como deepfakes o ultrafalsificaciones. Cuando estas técnicas entran en la política, y en particular en la publicidad de campaña con la imagen de los rivales, los límites entre la sátira, la libertad de expresión y la manipulación ilegal se vuelven muy difusos, sobre todo porque aún no existe una jurisprudencia consolidada al respecto.
El texto plantea si es legal usar el rostro de un rival político en un vídeo generado por IA como parte de una estrategia electoral, y si se trata de una forma moderna de caricatura o de una vulneración ilegítima de derechos. El ordenamiento español y el europeo cuentan con un marco normativo y jurisprudencial que traza la frontera entre el debate político legítimo y la infracción, pero ahora se enfrentan a problemas inéditos. El autor señala además que el debate político se ha alejado del discurso racional para caer en un marketing soez, y que los analistas advierten de su mayor eficacia para calar en el electorado. Por ello, apunta también a la responsabilidad de la ciudadanía en la exigencia que impone a sus representantes.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en el ámbito político la crítica puede ser dura, mordaz e incluso molesta, porque es necesaria para una opinión pública libre. Los candidatos, al someterse al escrutinio público, deben tolerar más crítica que un ciudadano particular. Aun así, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, recogidos en el artículo 18 de la Constitución, marca un límite, y la libertad de expresión no ampara el insulto ni la difamación gratuita sin interés público.
La Ley Orgánica 1/1982 distingue entre el uso de la imagen con fines de crítica o caricatura, que está permitido, y el uso promocional no consentido, que constituye intromisión ilegítima. Sentencias del Tribunal Supremo como la STS 507/2011, la STS 498/2015 y la STS 682/2020 han amparado la sátira política habitual, pero la excepción se quiebra cuando el rostro de un personaje público se usa como reclamo publicitario sin autorización. Un deepfake de un rival empleado como anuncio para beneficiar la propia candidatura se acerca mucho a esa infracción. Además, la LOREG, en su artículo 148, prevé que las penas por calumnia e injuria cometidas durante la campaña se impongan en su grado máximo.
En el plano europeo, el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, completado por el Reglamento (UE) 2026/1744, obliga a quienes difundan deepfakes de imagen, audio o vídeo a advertir de forma clara que el contenido ha sido generado o manipulado artificialmente. Ocultar ese origen en un spot político puede acarrear sanciones administrativas y reforzar la mala fe ante los tribunales. El texto recuerda también que la STC 76/2019 anuló la recopilación masiva de opiniones políticas por parte de los partidos, y que la combinación de IA generativa y microsegmentación según la ideología inferida choca con esa jurisprudencia y con la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos.
En conclusión, el texto sostiene que ni el derecho español ni el europeo prohíben el uso de la IA en la contienda política, pero que tampoco las redes sociales son un espacio sin control. Cuando un deepfake deja de ser una broma reconocible para convertirse en desinformación electoral o en publicidad no autorizada, los tribunales disponen de herramientas para frenar el abuso y proteger el proceso democrático. Aunque la noticia tiene un alcance provincial y nacional, se publica desde Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia, como parte del seguimiento de estos debates que afectan a toda la ciudadanía canaria.
Información elaborada a partir de El Día.