La Laguna aplica el 'decreto Maricarmen' y anticipa informes sociales ante desahucios
La Laguna aplica el decreto Maricarmen con informes sociales anticipados a los juzgados para frenar desahucios de familias vulnerables.
El Ayuntamiento de La Laguna ha empezado a aplicar el llamado 'decreto Maricarmen' con un protocolo que adelanta la intervención municipal ante el riesgo de desahucio. Los servicios sociales remiten a los juzgados los informes de vulnerabilidad sin esperar a que los soliciten, con el objetivo de que se adopten medidas de protección antes de la fecha del lanzamiento. Según el consistorio, este procedimiento ya permitió detener un desalojo previsto para octubre, que afectaba a una mujer y su hija.
La actuación implica a la Concejalía de Bienestar Social y a la empresa pública Muvisa, que realizan un seguimiento individualizado de las personas y familias amenazadas por la pérdida de su vivienda. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha ordenado utilizar «todas las medidas que nos permite la nueva legislación» para frenar los desahucios de vecinos en situación de extrema vulnerabilidad.
La concejal de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del área, Rosa Ana García Gaviño, presentaron el protocolo a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Inma Évora. En el encuentro también se examinaron los recursos de emergencia habitacional y las posibilidades de ampliar la colaboración entre instituciones y profesionales que intervienen en estos casos.
El marco legal es el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre y publicado al día siguiente. Su nombre popular recuerda a Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante siete décadas. Su caso se convirtió en símbolo de la movilización por el derecho a la vivienda. La Diputación Permanente del Congreso convalidó este jueves el decreto sobre la función social de la vivienda, que sustenta la intervención lagunera, mientras derogó el dedicado a la estabilidad de los contratos de arrendamiento. Los acuerdos se publicaron en el BOE.
El decreto convalidado contempla suspensiones de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, algunas sujetas a revisión y con una duración máxima de tres años desde que se acuerden. Además, la Administración competente dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar la deuda y las costas en determinados procedimientos por impago.
Para el consistorio lagunero, el protocolo busca que cada expediente se examine con la participación de quienes pueden aportar soluciones jurídicas, sociales o de alojamiento. Con este fin plantea una colaboración más activa con el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Administración de Justicia, y ha remitido un oficio al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para mejorar la coordinación con el Gobierno de Canarias.
Información elaborada a partir de El Día.