La LAU fija seis causas para resolver un contrato de alquiler

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite al propietario solicitar la resolución del contrato de alquiler cuando el inquilino incumple determinadas obligaciones. La norma contempla esta posibilidad también para los contratos de viviendas ubicadas en Santa Cruz de Tenerife y el resto de la provincia.

Entre las causas figuran el impago de la renta u otras cantidades pactadas, la falta de pago de la fianza o de sus actualizaciones legales y el subarriendo o la cesión de la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario cuando sea necesario.

El dueño también puede actuar si el inquilino causa daños intencionados, realiza obras no autorizadas o desarrolla en la vivienda actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilegales. Estas conductas deben poder acreditarse y no basta con una discrepancia puntual entre las partes.

La ley contempla además la resolución cuando la vivienda deja de destinarse a residencia permanente. En todos los casos, el propietario no puede echar al inquilino por su cuenta, cambiar la cerradura ni retirar sus pertenencias. Si el arrendatario no abandona voluntariamente el inmueble, deberá acudir a los tribunales.

Existe otra vía diferente cuando el arrendador necesita recuperar la vivienda para utilizarla como residencia habitual propia, de sus padres o hijos, o de su cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Para ello debe ser una persona física, haber incluido esa necesidad expresamente en el contrato y esperar a que transcurra el primer año de alquiler, además de avisar al inquilino con al menos dos meses de antelación.

Ante un incumplimiento, el propietario debe reunir pruebas y comunicar formalmente su decisión. Un burofax puede dejar constancia del requerimiento, aunque los pasos posteriores dependen de la causa y, si no se entregan las llaves, puede ser necesario solicitar judicialmente la resolución y el desahucio.

Información elaborada a partir de El Día.