Las universidades canarias piden blindar por ley su financiación hasta 2030
Las universidades canarias piden blindar por ley su financiación plurianual hasta 2030 ante una diferencia de casi 14 millones en el presupuesto autonómico.
Las universidades públicas de Canarias y el Gobierno autonómico negocian un modelo de financiación plurianual que se extendería hasta 2030, pero las rectorías reclaman que las partidas queden garantizadas con plenas garantías legales. Según la información publicada por El Día, el objetivo es asegurar la viabilidad de la docencia, mantener la igualdad de oportunidades y proteger la trayectoria formativa del estudiantado en las islas.
El origen de la reclamación está en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio. Los centros fijaron sus necesidades de partida en torno a 315 millones de euros anuales, mientras que el borrador del Gobierno regional contempla inicialmente 301,6 millones. Para reducir esa diferencia, el trámite parlamentario prevé una enmienda que incorporaría una disposición adicional de 10 millones de euros, aunque su redacción técnica actual genera cautela entre los equipos rectorales.
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, señaló durante su comparecencia ante la comisión de Universidades que el texto provisional todavía no está suficientemente redactado. Serra afirmó que la petición no busca un crecimiento extraordinario, sino cubrir los costes estructurales y las obligaciones de los centros, y defendió que «los recursos no pueden depender de competir cada año: necesitamos estabilidad y previsibilidad».
Los datos comparativos sostienen el argumento de las rectorías. Las universidades públicas canarias disponen de 9.228 euros por estudiante para costes estructurales, por debajo de los 9.500 euros del promedio estatal. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, comparó su institución, con 181,5 millones para 21.000 alumnos, con la Universidad de las Islas Baleares, que recibe 203 millones para 15.000 estudiantes.
Por su parte, la consejera de Universidades, Migdalia Machín, ha presentado alegaciones a la consulta previa del Ministerio de Ciencia sobre la norma de creación de centros, reclamando respetar las competencias del Estatuto de Autonomía y adaptar los criterios a la condición ultraperiférica de Canarias. Como noticia de ámbito provincial, este debate afecta también a los estudiantes y a las familias de Santa Cruz de Tenerife, dado el peso de la Universidad de La Laguna en la vida de la capital.
Información elaborada a partir de El Día.