Los directivos de Quórum 77 trabajaron antes en una fundación investigada por malos tratos a menores

Los directivos de Quórum Social 77, Salvador González Armas y Delia García García, habían trabajado previamente en la Fundación Internacional O'Belén, una entidad peninsular que ya fue investigada por maltrato y agresiones a menores en centros residenciales. Así lo recoge el sumario del caso, que incluye un informe de la Policía Canaria de agosto de 2025 que habla de un "traspaso de modelos de gestión y prácticas" entre ambas organizaciones.

La Fundación O'Belén gestionó centros para menores con medidas de protección o trastornos de conducta, principalmente en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Entre 2008 y 2010 sus centros fueron objeto de denuncias por malos tratos, uso de contenciones y graves incidentes, incluidas muertes y suicidios. El Defensor del Pueblo elaboró en 2009 un informe sobre estos recursos que recogía testimonios de menores agredidos.

Según el sumario, los trabajadores de Quórum utilizaban la expresión "cuarto de tiempo fuera", la misma que aparecía en los casos de O'Belén, para referirse a espacios donde contenían a menores muy alterados, habitaciones o baños sin cámaras que, siempre según la investigación, funcionaban como celdas de castigo. La Policía Canaria señala también patrones comunes como el uso de aislamientos o la fuerza sin garantías, la falta de personal cualificado, las inspecciones ineficaces y la reacción tardía de las administraciones.

La Asociación Quórum Social 77 se constituyó en 2009 y llegó a gestionar recursos para casi la mitad de los menores migrantes no acompañados de Canarias, unos 1.925 jóvenes. Actualmente cuenta con 17 centros y atiende a unos 800 menores. El informe recuerda que recibió importantes adjudicaciones públicas entre 2019 y 2024 y que en 2023 registró ingresos de casi 11,94 millones de euros, con un beneficio neto de 1,19 millones.

Aunque la noticia tiene su origen en la gestión de centros de menores en Canarias, afecta a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentran algunos de los recursos de la entidad investigada, y tiene un fuerte impacto en la política de protección de menores migrantes que se aplica en las islas.

Información elaborada a partir de El Día.