Propietarios de San Francisco 69 en Santa Cruz denuncian a su exadministrador por más de 80.000 euros

Los propietarios del número 69 de la calle San Francisco, en Santa Cruz de Tenerife, reclaman a su antiguo administrador un perjuicio que, según sus cálculos, supera los 80.000 euros. Las cantidades cuestionadas incluyen cuotas de un préstamo impagadas, derramas cuyo destino discuten, transferencias y una rehabilitación que consideran inacabada. El asunto ya está en los tribunales, aunque por ahora no hay responsabilidad penal acreditada.

Todo comenzó con humedades y obras pendientes, lo que llevó a un familiar de uno de los propietarios a revisar extractos y facturas. La comunidad, de 24 viviendas, cuatro locales y una oficina, solicitó 111.429,72 euros a Bankinter Consumer Finance para rehabilitar el edificio; el dinero llegó el 19 de mayo de 2023 y entre junio y julio de ese año se pagaron 86.950 euros a la constructora Pinalber. Los vecinos identifican además 6.609,65 euros transferidos a una cuenta del antiguo administrador entre el 1 y el 13 de julio de 2023, y 2.477 euros que una propietaria ingresó para liquidar su parte del préstamo y que, según afirman, no se descontaron.

David Gil, hijo político de una propietaria y portavoz de la comunidad, presenta un poder que lo acredita como representante y muestra comunicaciones con la Fiscalía, así como la denuncia admitida por el Juzgado de Instrucción número 5. El expediente cifra en 32.000 euros los vencimientos impagados y en 12.854,16 euros las derramas cuestionadas, aunque la propia comunidad reconoce que los residentes seguían atendiendo sus recibos. Un cuadro vecinal de octubre fija en 62.610,20 euros el total de partidas discutidas, una cifra que, según se explica, no equivale necesariamente a dinero apropiado.

El exadministrador niega las acusaciones. Sostiene que las juntas aprobaron los presupuestos y el préstamo, que las cuentas estaban respaldadas por las actas y que supervisó los trabajos junto al vicepresidente. Asegura, además, que no había perito externo encargado de vigilar la obra y que su despacho no había recibido citación judicial. Por su parte, la comunidad estima las reparaciones pendientes entre 89.871,39 y 127.000 euros según el cuadro consultado, y denuncia la retirada de amianto, que dice no poder acreditar documentalmente. No consta resolución que declare ilegal esa actuación.

La comunidad también acudió a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al Banco de España y al Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, cuyo presidente, Luis García González, recomienda a los perjudicados presentar una reclamación escrita por esa vía, que no sustituye a la judicial. Todavía no hay resolución sobre la queja presentada por los vecinos.

Información elaborada a partir de El Día.