Psiquiatras alertan del impacto de la nueva norma sobre los ingresos involuntarios
Los psiquiatras rechazan limitar los ingresos involuntarios a casos de urgencia vital y alertan del impacto en pacientes y familias.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y una veintena de sociedades autonómicas rechazan la entrada en vigor, el próximo 23 de octubre, del artículo 13 bis de la Ley 4/2026. La norma limita los ingresos psiquiátricos involuntarios a los casos de «urgencia vital», un cambio que, según los especialistas, puede dificultar la atención a personas con trastornos mentales graves y dejar solas a sus familias.
Las sociedades aseguran que comparten los objetivos de reforzar el consentimiento informado, respetar las voluntades anticipadas, individualizar las decisiones y reducir la coerción. Sin embargo, critican que el nuevo umbral se haya aprobado sin un debate suficiente y advierten de que la ley contiene dos definiciones distintas de «urgencia vital»: una vinculada a la vida y la integridad de la persona y otra únicamente a la vida.
Los psiquiatras también señalan un posible conflicto con la Ley de Autonomía del Paciente, que permite actuar ante un riesgo grave para la integridad física o psíquica. Además, sostienen que la norma puede solaparse con el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya reforma se aplaza un año, lo que podría llevar a que cada juzgado aplique criterios diferentes. Por ello, reclaman instrucciones claras de la Fiscalía General del Estado y coordinación con los juzgados antes del 23 de octubre.
El colectivo advierte de que los servicios, ya desbordados, tendrán que documentar los riesgos concretos, las alternativas voluntarias ofrecidas, los apoyos y las voluntades anticipadas consultadas, además de la información facilitada al paciente. Considera que estos requisitos son deseables, pero alerta de que exigirlos legalmente aumentará el tiempo dedicado a tareas administrativas.
La SEPSM sostiene que los ingresos programados por deterioro progresivo quedarán «en la práctica, prohibidos» y alerta de más altas desde urgencias, reingresos en peores condiciones y una posible medicina defensiva. Cita como situaciones que podrían quedar sin tratamiento las psicosis con abandono del autocuidado, los episodios maníacos con graves perjuicios, los trastornos alimentarios con riesgo médico progresivo, el deterioro cognitivo con conducta errática o la ideación suicida de alto riesgo sin un plan inmediato.
Las sociedades piden una reforma orgánica del artículo 763 que contemple el riesgo grave para la vida o la integridad, la necesidad de tratamiento y la falta de capacidad para decidir, siempre con control judicial. También reclaman recursos alternativos suficientes y llaman la atención sobre el impacto en niños y adolescentes. La advertencia afecta al conjunto del sistema sanitario y judicial, también en Canarias y para las familias de Santa Cruz de Tenerife.
Información elaborada a partir de El Día.