Santa Cruz registra un 25% más de investigaciones por delitos ambientales

Las diligencias de investigación por delitos medioambientales y urbanísticos aumentaron un 25% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante 2025, al pasar de 58 procedimientos preprocesales en 2024 a 73, según la memoria anual de la Fiscalía Superior de Canarias.

El informe atribuye esta evolución a la creciente presión sobre el suelo rústico, así como al resurgir de la autoconstrucción y a promociones vinculadas al alquiler vacacional, impulsadas por promotores nacionales y extranjeros, principalmente del Este de Europa.

La Fiscalía señala como uno de los ejemplos más relevantes el caso de Lomo Negro, en Arona, donde se estima que existen 450 viviendas ilegales construidas en suelo rústico de protección agraria junto a El Fraile. El documento sitúa este fenómeno dentro de la tensión creciente sobre la ordenación del territorio en la provincia.

Entre las investigaciones desarrolladas en Santa Cruz de Tenerife destaca también la relacionada con los vertidos al mar en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. La Fiscalía prorrogó las diligencias preprocesales y presentó en julio de 2025 una denuncia por un presunto delito contra los recursos naturales y el medioambiente contra varios responsables públicos municipales e insulares.

Durante el año se abrieron diez diligencias por delitos contra los recursos naturales, principalmente por denuncias de vertidos al dominio público marítimo-terrestre y por el estado de conservación de estaciones depuradoras, estaciones de bombeo y emisarios. También hubo investigaciones por contaminación acústica.

Además, los responsables del área iniciaron 13 pesquisas por daños a la flora y la fauna, relacionadas en su mayoría con la posesión o el traslado de especies protegidas en aeropuertos y puertos. La memoria no recoge ninguna demolición forzosa ejecutada por sentencia judicial en la provincia durante 2025.

Información elaborada a partir de El Día.