Vivienda, corrupción y migración centran una semana de tensión política
Vivienda, investigaciones judiciales y migración elevan la tensión política en España a menos de un año de las elecciones generales.
La política española afronta una nueva semana marcada por tres asuntos que han intensificado la confrontación entre partidos: el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros cuyo origen aún no está aclarado y la exhibición de un bote de gas pimienta en el Congreso durante un debate sobre Ceuta.
El lanzamiento de Maricarmen, que llevaba 71 años viviendo en el mismo piso, ha devuelto la vivienda al primer plano. Sumar reclama al PSOE un decreto que, según sostiene, habría evitado el desahucio, mientras el Gobierno responsabiliza al PP. El texto plantea también dudas sobre el reparto de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tras décadas de anuncios y planes sin resolver el problema.
La semana judicial ha incorporado además el envío a juicio de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También han sido citadas las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, en el que se investiga el origen de unas joyas halladas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de 1,3 millones de euros.
Zapatero sostiene que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007 y ha pedido al juez que solicite cooperación a Riad para confirmar su versión. Por ahora, el texto señala que no consta una confirmación oficiosa de Arabia Saudí.
En el Congreso, la diputada del PP Ana Vázquez mostró un bote de gas pimienta durante un pleno sobre Ceuta, fue expulsada y posteriormente un asesor manipuló el espray en unos baños. Varias dependencias fueron precintadas y 12 personas recibieron atención. El episodio desplazó el debate sobre la situación fronteriza, donde siguen miles de personas sin atender, incluidos varios centenares de menores, casi dos meses después de la entrada masiva.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó esta semana que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y aseguró que ha pedido explicaciones a Rabat. El Ejecutivo necesita mantener la cooperación con Marruecos para controlar las llegadas y realizar retornos, aunque también debe reclamar responsabilidades cuando falla la seguridad fronteriza. Estos debates, de alcance estatal, también tienen interés para Santa Cruz de Tenerife como capital canaria, al estar relacionados con la vivienda, la gestión migratoria y la confianza en las instituciones.
Información elaborada a partir de El Día.