La presión por la vivienda fuerza la negociación del Gobierno español

La movilización ciudadana para reclamar un nuevo decreto de vivienda que frene los desahucios ha aumentado este fin de semana y ha presionado al Gobierno español. La norma, bautizada como «decreto Maricarmen» por los manifestantes, pretende responder al problema del acceso a la vivienda, señalado como una de las principales causas de precariedad y desigualdad.

El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada en camilla del piso donde había vivido toda su vida, ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Las protestas de Madrid, incluida una acampada en la Puerta del Sol, han reunido a personas de distintas edades y perfiles sociales, aunque sus promotores las diferencian del 15-M de 2011 porque plantean una reivindicación más concreta.

Junts ha cambiado su posición y ha reabierto la negociación sobre el decreto, después de haber contribuido al fracaso de la norma en primavera. Los grupos de izquierdas quieren ampliar el alcance de la legislación, mientras que el PNV y Junts plantean frenar a los fondos buitre a cambio de una rebaja fiscal para los pequeños propietarios.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid reclama contratos de alquiler indefinidos y Sumar ha amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si la propuesta no le satisface. El presidente español, Pedro Sánchez, debe intentar conciliar las posiciones de Junts y el PNV con las de Sumar y Podemos antes de la reunión del Gobierno prevista para el martes.

Si se aprueba como decreto, la norma entraría en vigor de inmediato, aunque el Congreso debería convalidarla sin modificaciones en el plazo de un mes. El debate también plantea equilibrar el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, limitar a los grandes tenedores e impulsar la oferta de pisos públicos.

La cuestión puede afectar también a los vecinos de Seva, como al resto de ciudadanos, porque las decisiones estatales sobre vivienda condicionan el acceso al alquiler y la protección frente a los desahucios. El texto original no aporta datos específicos sobre la situación del municipio.

Información elaborada a partir de Ara.