El adelanto del 29 de noviembre frena leyes sociales pendientes

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejará sin completar buena parte de las leyes sociales impulsadas durante la legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar. La disolución de las Cortes hará decaer las iniciativas que sigan en tramitación y no hayan concluido su recorrido.

Entre las normas afectadas figura la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre superó su primer examen en el Congreso. El proyecto planteaba tipificar esta violencia como agravante de género, retirar automáticamente la patria potestad a los padres condenados por maltrato y prohibir durante hasta 20 años que los condenados hablasen públicamente sobre el crimen.

También quedarán pendientes la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, la norma para castigar las prácticas de conversión LGTBI y la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto. En el ámbito de Derechos Sociales, decaerá la Ley de Familias y quedará en el aire la prestación universal por crianza, al no aprobarse nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como la futura Ley de Servicios Sociales.

La agenda de Juventud e Infancia también se verá afectada. No culminarán la ley de protección de los menores en los entornos digitales, que buscaba restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, ni la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Además, quedarán pendientes la anunciada Ley de Familias Acogedoras y una nueva Ley de Juventud que estudiaba el derecho al voto a partir de los 16 años.

En materia migratoria, España no podrá completar la nueva Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería, aprobadas en primera vuelta para adaptar la legislación al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Sin embargo, seguirá vigente la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya convalidada como decreto ley, que establece un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. El nuevo decreto para agilizar las solicitudes de asilo en Ceuta tampoco podrá concluir su tramitación.

La paralización de estas iniciativas afecta al conjunto de España, incluida Sevilla, aunque el texto no detalla medidas específicas para la provincia. Su futuro dependerá de la próxima legislatura y de la composición de las nuevas Cortes Generales.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.