El Gobierno prevé aprobar el decreto de vivienda el 29 de septiembre

El Gobierno trabaja para aprobar el próximo martes, 29 de septiembre, un real decreto ley con medidas de vivienda, aunque el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado expropiar el piso en el que vivía Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid.

Bolaños ha rechazado las fórmulas de expropiación por considerar que «no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución española». En su lugar, ha defendido medidas «integrales» para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler o en propiedad y evitar desahucios como el de esta vecina madrileña.

El Ejecutivo no había fijado hasta ahora una fecha para retomar el decreto, después de que su anterior versión fuese rechazada dos veces en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts. El ministro ha asegurado que el Gobierno mantiene conversaciones discretas con los grupos parlamentarios para intentar aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes.

Sumar ha elevado la presión para que el decreto salga adelante tras el desahucio de Maricarmen. Pablo Bustinduy ha afirmado que la norma debe aprobarse el martes, mientras que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que aún existe margen para alcanzar un acuerdo y ha abierto la puerta a debatir las bonificaciones fiscales planteadas por Junts.

Junts reclama un «mínimo común denominador» y propone, entre otras medidas, desgravaciones para alquileres y compras de vivienda, la suspensión de desahucios cuando los pisos pertenezcan a fondos de inversión y limitar la adquisición de inmuebles por parte de estos fondos. El Movimiento Sumar continúa recogiendo firmas para pedir la expropiación del piso de Maricarmen.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha planteado al Ministerio de Vivienda la obligación de justificar la no renovación de los contratos, prórrogas efectivas, cambios en la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, y la congelación de las actualizaciones anuales de las rentas. La decisión también afecta al debate estatal sobre el acceso a la vivienda que siguen con atención los hogares de Sevilla y Andalucía.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.