El juez reabre como procedimiento abreviado la pieza de los ERE de SOS Cuétara con 4,2 millones en ayudas

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dado por finalizada la investigación de una nueva pieza de los ERE y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado contra cuatro personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, implicado en más de 70 piezas de la macrocausa, y la suegra del también ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. La causa se centra en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas por 4.277.701,62 euros a la empresa SOS Cuétara S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de galletas, obleas, barquillos y aceites, entre otros productos.

En un auto fechado el 3 de noviembre y notificado este viernes a las partes, el magistrado acuerda dar traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias indispensables. Los hechos investigados podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El instructor decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra un representante de la empresa y un dirigente de CCOO, al considerar que no existen indicios suficientes de que participaran de forma relevante en la génesis, gestión u obtención de las ayudas. Según el auto, aunque intervinieron en reuniones con Guerrero, no es posible establecer con la solvencia necesaria en qué medida pudieron influir en los responsables de la Consejería de Empleo.

Según el juez, las ayudas, concedidas entre 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo, financiaron la reestructuración laboral de SOS Cuétara y la cobertura económica de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003, mediante indemnizaciones por despido y la financiación de pólizas de seguro de rentas. En ese seguro se incluyó además a una supuesta trabajadora que no estaba afectada por el ERE ni tenía relación laboral con la empresa, la suegra de Guerrero, cuya inclusión, a juicio del magistrado, se debió a su relación de parentesco con el alto cargo.

Vilaplana sostiene que esta operación se habría realizado en connivencia con la propia investigada y con responsables de la consultora Vitalia, y que las subvenciones se negociaron verbalmente con altos cargos de la Administración concedente, al margen de cualquier publicidad y del procedimiento legalmente establecido. Para Sevilla, la causa refuerza el foco judicial sobre la gestión de los fondos públicos en la capital, sede de la Consejería de Empleo y de los juzgados que instruyen la macrocausa.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.