El Supremo ratifica la condena a Daniel Rivera por ayudas a Industrias Elizana

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera Gómez por las ayudas concedidas a Industrias Elizana, S.A. La sentencia mantiene dos años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, en concurso medial con malversación de caudales públicos.

La Sala Segunda también ratifica la condena al copropietario y administrador de la empresa, Pedro Jiménez Viso, a dos años de prisión y tres de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 924.218,70 euros, con responsabilidad solidaria de Rivera por 525.000 euros. Industrias Elizana responderá igualmente de forma solidaria.

Los hechos juzgados por la Audiencia de Sevilla se remontan al periodo comprendido entre 2007 y 2010, cuando la empresa recibió ayudas públicas irregulares por valor de 975.000 euros procedentes de la partida 31L. Según los hechos probados, las subvenciones se concedieron al margen del procedimiento legal mediante acuerdos verbales entre el empresario y sucesivos directores generales de Trabajo.

En 2010, Rivera dictó una resolución que concedía 700.000 euros a 49 trabajadores de Industrias Elizana. El Supremo considera probado que actuó «a sabiendas de la injusticia de su proceder»: la resolución mencionaba una memoria justificativa y un expediente completo que no existían, y la ayuda no había sido sometida a fiscalización previa ni publicada en el BOJA.

Las resoluciones permitieron que la agencia IDEA abonara 525.000 euros a la empresa. Aunque la ayuda figuraba destinada a sus trabajadores, el dinero se utilizó para liquidar una deuda de Industrias Elizana con Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. El Supremo ha rechazado los recursos de los dos condenados y de la empresa como responsable civil subsidiaria.

Rivera, que fue exculpado del procedimiento específico de los ERE, ha terminado investigado en más de 70 piezas separadas de esa causa, a diferencia de otros ex altos cargos. El Alto Tribunal también descarta que aquella exclusión impida examinar responsabilidades penales por ayudas concretas y considera que las pruebas practicadas fueron suficientes para confirmar la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.