La Fiscalía acusa a dos menores por el acoso a Sandra Peña en Sevilla
La Fiscalía acusa a dos menores por presuntos delitos relacionados con el acoso a Sandra Peña, fallecida en Sevilla a los 14 años.
La Fiscalía de Menores ha presentado cargos contra dos de las tres menores investigadas por presuntos delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas en relación con el acoso que habría sufrido Sandra Peña, la sevillana de 14 años que murió tras quitarse la vida en la calle Rafael Laffón, en Sevilla capital.
Las tres menores declararon ante la Fiscalía el 17 de noviembre del año pasado, cinco días después de que lo hicieran los padres de Sandra como testigos perjudicados. Las comparecencias se produjeron después de que la Policía Nacional entregara un informe sobre el supuesto acoso escolar en el colegio Las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la joven.
Con la decisión de la Fiscalía queda abierto el camino para celebrar un juicio contra las dos menores en la jurisdicción de reforma juvenil. La vista se celebrará previsiblemente próximamente.
La decisión llega después de que la Audiencia de Sevilla confirmara el archivo de la querella presentada por la familia contra el colegio, su director, la jefa de estudios, la tutora y la orientadora. El juzgado señaló que tres alumnas parecían haber sido especialmente incisivas con Sandra y que se había generado un ambiente de bullying.
Según las resoluciones judiciales, Sandra había trasladado a psicólogos y a sus padres el comportamiento de algunas compañeras. El juez indicó que no constaba la activación del protocolo de acoso escolar, aunque sí se adoptaron medidas como la separación de las posibles acosadoras, la designación de personas de referencia y el contacto con la psicóloga del centro.
La Audiencia consideró que la actuación del colegio fue «absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso», pero concluyó que no existía una relación de causalidad directa entre esa actuación y la muerte de la menor a efectos penales. La familia reclama ahora a la Junta de Andalucía una actuación «contundente y ejemplarizante» por las posibles responsabilidades civiles y administrativas.
Información elaborada a partir de ABC Sevilla.