La jueza de Adamuz cita a técnicos de Iryo y Renfe para descifrar las cajas negras de los trenes

La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz afronta este jueves una de sus diligencias técnicas más relevantes. La jueza que instruye la causa ha citado a técnicos de Iryo y Renfe, a representantes de otras empresas implicadas y a peritos judiciales para acceder, descifrar e interpretar los datos registrados en las cajas negras de los dos trenes siniestrados. El objetivo es reconstruir el comportamiento de ambos convoyes y determinar qué pudo ocurrir en los instantes previos a la tragedia del pasado 18 de enero, en la que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

La diligencia se celebrará en sede judicial y contará con la asistencia técnica de Hasler Rail, empresa fabricante de los registradores jurídicos y propietaria de las herramientas informáticas necesarias para acceder a la información almacenada. La jueza ha requerido al departamento de Informática que disponga de los medios solicitados por la compañía para que los trabajos puedan desarrollarse con garantías. La providencia, dictada el pasado 6 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, delimita además el alcance de los informes que deberán aportar los distintos participantes.

En el caso de Hasler Rail, su cometido será elaborar un documento técnico descriptivo de las operaciones realizadas, la carga y visualización de los registros, la identificación de las señales, la configuración de las representaciones gráficas y cronológicas y las comprobaciones sobre el funcionamiento de los sistemas de grabación. Al resto de técnicos que intervengan, con excepción de los peritos judiciales, la magistrada les exige ir más allá de esa labor instrumental: sus informes deberán abordar la interpretación del comportamiento global de cada tren, la correlación entre sus subsistemas y la posible existencia de causas o factores que contribuyeran al accidente.

La apertura de las cajas negras se llevó a cabo el pasado 5 de marzo en las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid. El Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el 26 de febrero el acceso, la extracción y el análisis de los datos de los registradores de ambos trenes, así como la recuperación de las imágenes de las cámaras de seguridad del convoy de Iryo. Una de las copias quedó bajo custodia policial y otra fue entregada al órgano judicial.

La interpretación de los registros ha requerido herramientas informáticas específicas. A mediados de mayo, la jueza reclamó con carácter urgente a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía los programas Multirec-SG y Husler-SG, cuyas licencias pertenecen a Hasler Rail, así como la intervención de técnicos de la compañía. La Junta autorizó a principios de junio un gasto de 1.980 euros, más IVA, para contratar esta asistencia, al considerar que el trabajo debía realizarlo necesariamente el fabricante por tratarse de un software de su propiedad.

Con la comparecencia de este jueves, la instrucción pretende dar un paso decisivo en el análisis de una de las principales fuentes de información sobre el accidente. La clave está en determinar qué revelan los registros de los dos trenes y si su interpretación permite identificar las circunstancias técnicas que desembocaron en el choque y las posibles responsabilidades derivadas de la tragedia.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.