Los empresarios reclaman reglas más claras para autorizar eventos en la Plaza de España

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) no ha logrado consensuar un dictamen sobre la ordenanza municipal que regulará los usos de la Plaza de España. Empresarios y agentes sociales han presentado documentos distintos sobre cómo debe abrirse el monumento a los eventos y dónde situar los límites para protegerlo.

Los empresarios consideran acertado que el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz, establezca un marco jurídico para definir las actividades autorizables, los trámites, las obligaciones de los promotores y la respuesta ante posibles daños. Sin embargo, reclaman más seguridad jurídica y cuestionan la discrecionalidad que, a su juicio, mantiene Urbanismo en criterios como la repercusión del evento, el orden de las solicitudes o las autorizaciones directas.

El sector empresarial también advierte de que la definición de las actividades excluidas no es suficientemente clara y podría impedir incluso la presentación publicitaria de un producto. Su propuesta es valorar la intensidad, la duración, el número de asistentes y las estructuras necesarias, en lugar de atender únicamente al carácter publicitario, cultural o divulgativo del acto. Defiende que un Bien de Interés Cultural puede acoger otros usos si existen garantías de conservación.

Además, los empresarios piden que cualquier desperfecto se repare de inmediato y que la fianza no se devuelva hasta contar con un informe favorable sobre el estado de la plaza. También plantean impedir nuevas solicitudes mientras no se hayan reparado los daños, incluir esta obligación en las autorizaciones plurianuales, limitar su duración y concretar los plazos de resolución. Asimismo, reclaman presencia en la Comisión de Seguimiento prevista por el Ayuntamiento.

El dictamen de los agentes sociales es más restrictivo y pide retirar y rehacer el proyecto. Su principal preocupación son los periodos de ocupación: determinados eventos plurianuales podrían utilizar el recinto hasta 45 días naturales al año, ampliables a 60 con el montaje y desmontaje. También cuestionan el régimen sancionador, que prevé multas de hasta 30.050 euros para las infracciones muy graves, y proponen que las sanciones tengan en cuenta los ingresos o beneficios previstos, el aforo y la duración del espectáculo.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.