Reclaman 3,2 millones al SAS por las secuelas de una niña nacida en Sevilla
Una familia reclama 3,2 millones al SAS por las graves secuelas neurológicas de su hija tras un parto en el Virgen del Rocío de Sevilla.
Los padres de una menor han reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una indemnización provisional de 3.223.097,12 euros por las graves secuelas neurológicas que, según sostienen, sufrió su hija tras el parto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2024, cuando la madre, embarazada de 39 semanas y cinco días, acudió a Urgencias por una menor percepción de movimientos fetales y contracciones. La monitorización reflejó taquicardia fetal y disminución de la variabilidad, y la documentación clínica recogió un «RCTG categoría 3».
La familia, respaldada por un informe pericial de un especialista en Obstetricia y Ginecología, sostiene que hacia las 14:00 horas era necesaria una extracción fetal urgente. Sin embargo, la niña nació a las 16:27, después de que a las 15:50 se practicara una amniorrexis artificial y se detectara líquido amniótico meconial. Finalmente se realizó una cesárea urgente por sospecha de pérdida de bienestar fetal.
La menor nació sin esfuerzo respiratorio, hipotónica y con una frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos por minuto. Tras las maniobras de reanimación, ingresó en Cuidados Intensivos Neonatales. Según la documentación médico-pericial aportada, presenta encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis cerebral, microcefalia, tetraparesia espástica, graves alteraciones de la motricidad y retraso global del desarrollo.
La reclamación recoge 99 puntos de secuela funcional y 40 de perjuicio estético, además de conceptos como la asistencia de terceras personas, rehabilitación futura, ayudas técnicas y adaptación de la vivienda y el vehículo. Algunas partidas, entre ellas determinados gastos futuros y el lucro cesante, están pendientes de concreción mediante cálculo actuarial.
El abogado de la familia, Pedro Arnaiz, ha señalado que la cuestión es determinar si la actuación sanitaria se ajustó a la lex artis y si una extracción realizada a tiempo habría podido evitar o reducir el daño. El procedimiento se encuentra en vía administrativa y corresponde ahora al SAS pronunciarse sobre la posible existencia de responsabilidad patrimonial.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.