Los alquileres de renta antigua que aún resisten en Tarragona
Los alquileres de renta antigua siguen presentes en Tarragona, con contratos muy por debajo del mercado y riesgo de conflictos como el de Maricarmen.
En Tarragona todavía hay contratos de alquiler de renta antigua, algunos con cuotas de 100, 200 o 300 euros al mes. Lola, nombre ficticio, paga 165 euros por un piso de Torreforta cuyo contrato se firmó en los años setenta, una situación que ayuda a entender el conflicto surgido en Madrid alrededor del desahucio de Maricarmen.
Se consideran de renta antigua los alquileres firmados antes del 9 de mayo de 1985, cuando el llamado Decreto Boyer puso fin a la prórroga forzosa para los nuevos contratos. Los acuerdos anteriores mantuvieron su protección y, aunque pueden actualizarse con el IPC, dificultan que el propietario recupere la vivienda para alquilarla a precio de mercado.
El catedrático de Derecho Civil de la URV Sergio Nasarre explica que estas rentas pueden estar hasta un 50% por debajo del mercado y que todavía se encuentran en la periferia, el centro y la Part Alta de Tarragona. Fuentes del sector inmobiliario estiman que representan alrededor del 5% del parque de alquiler, mientras que una estimación difundida en 2024 calculaba unos 126.000 contratos de este tipo aún activos en España.
La legislación de 1994 limitó la continuidad de estos contratos a dos subrogaciones tras la muerte del titular original: una para el cónyuge y otra para un hijo conviviente, con una duración limitada salvo determinados grados de discapacidad. Ese es el punto central del caso de Maricarmen, cuyo contrato terminó en los tribunales al tener reconocida una discapacidad del 50%, por debajo del umbral del 65% previsto para mantenerlo de por vida.
Nasarre, que también fue magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona, considera correcta la resolución del Tribunal Supremo que dio la razón a la propiedad. El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Héctor Ruana, cree, sin embargo, que el problema es colectivo y que las administraciones deberían ofrecer alternativas habitacionales. La PAH Tarragona advierte de que un desahucio sin solución de vivienda solo traslada el problema a una persona vulnerable.
Los expertos consultados coinciden en que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de alquiler puede favorecer conflictos similares en Tarragona. El debate enfrenta la protección de los inquilinos, los derechos de los propietarios y la necesidad de aumentar la vivienda pública y de alquiler, en un contexto en el que el Gobierno negocia prohibir los desahucios en pisos de fondos buitre.
Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.