Educación prevé expulsiones y cambios de centro por acoso a docentes

El Decreto 193/2025 de convivencia de la Comunitat Valenciana contempla sanciones para el alumnado que agreda, amenace, insulte o acose a docentes, también cuando los hechos se produzcan fuera del centro o en entornos digitales. La norma permite actuar ante campañas de ciberacoso, amenazas en redes sociales y contenidos difundidos sin autorización.

Las conductas consideradas graves pueden dar lugar a un expediente disciplinario. Las medidas van desde tareas educativas fuera del horario lectivo para reparar el daño causado hasta la expulsión temporal, el cambio de grupo o, excepcionalmente, el traslado a otro centro educativo.

Entre las sanciones previstas figuran la exclusión de actividades complementarias y extraescolares durante entre 15 y 30 días, la suspensión del derecho de patio hasta siete días y la suspensión de asistencia a determinadas materias durante un máximo de dos semanas. También se contempla la expulsión del centro entre 15 y 30 días, con actividades formativas alternativas.

El decreto prevé además suspender el uso del transporte escolar o del comedor entre siete y 15 días cuando la falta se haya cometido en esos servicios. El cambio de centro solo se aplicará en casos excepcionales y cuando existan circunstancias de especial gravedad que impidan la normal escolarización futura del alumno en el centro.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, sostiene que la Comunitat Valenciana se adelantó a este problema y asegura que la Conselleria está “al lado de los docentes”. Según afirma, la normativa permite proteger al profesorado frente a comportamientos que ocurren fuera del aula pero repercuten en la convivencia escolar.

UGT reclama medidas “ejemplarizantes”, apoyo de los servicios jurídicos de la Conselleria y una normativa específica contra el ciberacoso al profesorado. El sindicato advierte de que el anonimato de las cuentas con memes no elimina necesariamente la responsabilidad y señala que algunos casos podrían implicar responsabilidades civiles o penales. La regulación afecta a los centros educativos de la provincia de Valencia y del conjunto de la Comunitat.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.