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El colegio de educadores sociales critica que la Diputación de Alicante abra seis plazas a otras titulaciones

El colegio de educadores sociales denuncia que la Diputación de Alicante abra seis plazas de Educación Social a titulados en Magisterio, Sociología o Psicopedag

Redacción automática · Valencia 2 min de lectura

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV) critica que la Diputación de Alicante haya abierto seis plazas de Educación Social a titulados en Magisterio, Trabajo Social, Sociología, Pedagogía o Psicopedagogía. Según la entidad, la convocatoria diluye la especificidad de una profesión regulada, con colegio oficial propio y formación propia para la intervención socioeducativa.

El colegio sostiene que la institución provincial parece guiarse por la idea de que «todo es más o menos lo mismo» a la hora de atender a la infancia y la adolescencia más vulnerables de la provincia. Para ilustrar su postura, compara la situación con la de un paciente cardíaco que espera ser atendido por un traumatólogo o un biólogo en lugar de un cardiólogo.

La entidad lamenta que la vía contencioso-administrativa haya avalado las bases de la convocatoria. Aunque acata la resolución judicial, afirma que se niega a normalizar lo que considera un absurdo administrativo, y señala que que un tribunal considere la convocatoria ajustada a la legalidad no la hace justa ni coherente para la ciudadanía.

El COEESCV denuncia además un agravio comparativo que, según dice, no se daría en ramas como la Medicina, la Arquitectura o el Derecho. Subraya que la Educación Social es una disciplina con identidad propia y no un apéndice del Magisterio, de la Sociología o de la Psicopedagogía.

Para la entidad, abrir estas plazas a un abanico tan amplio de titulaciones transmite el mensaje de que los títulos específicos de educación social no garantizan ni siquiera el acceso exclusivo a la profesión dentro de la Administración. La noticia procede de la provincia de Alicante, aunque se publica en Valencia por su condición de capital de la Comunitat, y afecta a un debate sobre los requisitos de acceso a los servicios sociales de protección de la infancia.

Información elaborada a partir de Las Provincias.

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