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El Gobierno aprobará este viernes el decreto que regula los centros de datos pese a las presiones del sector

El Gobierno aprobará este viernes el decreto de centros de datos con obligaciones ambientales y de seguridad digital, pese a las presiones de las tecnológicas.

Redacción automática · Valencia 2 min de lectura

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes aprobará el real decreto que impone nuevas obligaciones ambientales y de seguridad digital a los centros de datos, según informa Levante-EMV. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese a las presiones de las grandes tecnológicas y de los fondos de inversión del sector.

Según el texto original, las empresas han llegado a sugerir la paralización de nuevos proyectos en España y han preparado planes para trasladarlos a Portugal o al sur de Francia si la norma sale adelante. La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, ha reunido el apoyo de otras patronales energéticas, tecnológicas y digitales en un manifiesto para frenar el decreto y rebajar sus obligaciones, en especial las relativas al consumo obligatorio de electricidad renovable. SpainDC ya prepara un recurso ante el Tribunal Supremo si la norma se aprueba en los términos conocidos.

La versión definitiva, elaborada por los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía, mantiene el objetivo de filtrar los numerosos proyectos de centros de datos previstos en España para que solo avancen los más sostenibles. Sin embargo, suaviza algunas exigencias: concede cinco años para que el 80% de la electricidad de estas instalaciones sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes se aplicarán solo a los centros de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.

El Consejo de Estado ha dado su visto bueno a la tramitación, incluida la vía de urgencia y el uso de un real decreto, y ha rechazado las principales objeciones jurídicas del sector y de algunas comunidades autónomas. No obstante, ha planteado cuatro salvedades esenciales que el Gobierno ha aceptado incorporar: justificar mejor el rechazo de alegaciones clave, estimar con más detalle el impacto económico sobre las inversiones, precisar el régimen sancionador y reducir el papel supervisor de Red Eléctrica y de las distribuidoras, además de eliminar la cláusula que permitía cambiar a discreción el mínimo del 80% renovable.

El dictamen no es vinculante, pero su incorporación permitirá que el Consejo de Ministros apruebe la norma «de acuerdo con» el Consejo de Estado, en lugar de simplemente «oído» el órgano, lo que refuerza su blindaje ante una previsible batalla judicial. Para el área de Valencia, la noticia es de ámbito estatal y provincial, sin datos locales concretos en el texto original.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.

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