La disolución de las Cortes activa indemnizaciones para los diputados

La disolución de las Cortes Generales tras la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre no deja sin ingresos de forma inmediata a los diputados que pierden su escaño. El Congreso contempla una indemnización de transición equivalente a 52 días de sueldo, hasta la víspera de los comicios.

Los parlamentarios que forman parte de la Diputación Permanente mantienen sus retribuciones porque este órgano continúa con la actividad parlamentaria durante el periodo electoral. Entre ellos figuran los valencianos Ignacio Gil Lázaro, Patricia Blanquer, Carmen Martínez, Susana Ros, Alberto Ibáñez, Macarena Montesinos y la suplente Belén Hoyo.

El resto de diputados puede elegir entre esa indemnización, una actividad pública o privada remunerada, o una pensión de jubilación o retiro. La cantidad se abona en un único pago e incluye la asignación constitucional de 3.366 euros, además de los complementos vinculados a cargos como los de la Mesa, portavoz o presidente de comisión. La ayuda es incompatible con otros ingresos.

Los diputados que abandonan definitivamente la Cámara también pueden recibir una indemnización por cese, equivalente a un mes de sueldo por cada año de mandato, con un máximo de 24 mensualidades. Esta compensación no es una paga vitalicia y tampoco puede cobrarse junto a otro salario.

En las Corts Valencianes, los miembros de la Diputación Permanente siguen cobrando y el resto percibe su salario hasta el día anterior a las elecciones. Además, desde el pasado verano existe un fondo de cese para quienes dejen la actividad parlamentaria sin otra prestación: permite cobrar durante un máximo de dos años una mensualidad equivalente a la asignación reglamentaria de 2.678 euros, siempre que hayan ejercido al menos 18 meses.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.