La falta de vivienda dificulta cubrir plazas públicas en pueblos y ciudades

La falta de alquileres asequibles y disponibles está complicando que profesores, sanitarios, funcionarios y guardias civiles acepten o mantengan destinos lejos de sus hogares. Un estudio elaborado por Supera Oposiciones señala que el 31,5 % de los empleados públicos encuestados ha rechazado o aplazado una plaza o ascenso por no poder asumir el coste de la vivienda.

Profesores interinos citados por Levante-EMV relatan que en algunos destinos rurales apenas hay pisos disponibles y deben recurrir a hoteles, hostales o alojamientos compartidos. La incertidumbre sobre la duración de las sustituciones también dificulta que los propietarios acepten alquilarles una vivienda.

El problema afecta especialmente a las zonas despobladas, donde los sindicatos advierten de que quedan plazas sin cubrir. El Sindicato Médico de Málaga denuncia que el Servicio Andaluz de Salud no ha cubierto el 80 % de las plazas de médicos de familia y pediatras, en algunos casos por el precio de la vivienda y los gastos de desplazamiento.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil sostiene que el mercado del alquiler en muchos pueblos es prácticamente inexistente. También denuncia que el acceso real a viviendas oficiales en pabellones no llega al 35 % de la plantilla y que cerca de 2.000 inmuebles están catalogados como inhabitables.

Algunos municipios han puesto en marcha soluciones propias. Utrillas, en Teruel, ha ofrecido alquileres de 230 euros mensuales para atraer a médicos y enfermeras y ha conseguido reactivar su centro de salud. Según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya y Holapueblo, aunque alrededor del 20 % de las viviendas de muchos pueblos están vacías, parte de ellas se encuentran en mal estado o no salen al mercado.

La situación también puede afectar a la planificación de servicios públicos en la Comunitat Valenciana, aunque el texto no aporta datos específicos de la provincia de Valencia. La dificultad para encontrar vivienda en los destinos asignados se suma así a los problemas de conciliación y de acceso a servicios en los municipios más pequeños.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.