Urbagestión niega haber fijado una subida concreta para el alquiler de Maricarmen
Urbagestión niega haber exigido una subida concreta a Maricarmen y discrepa con el Ministerio sobre una oferta de compra de su vivienda.
Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., propietaria de la vivienda de Madrid de la que Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada este miércoles, asegura que nunca exigió una subida concreta del alquiler. La empresa sostiene que sí planteó, sin precisar una cantidad, situar la renta «en torno al 40% o 50% del precio de mercado».
La propuesta fue trasladada a la abogada de la inquilina y a la asociación de inquilinas, Beatriz Duro. Sin embargo, Urbagestión estableció en 1.650 euros la renta necesaria para que Maricarmen firmase un nuevo contrato, una cantidad superior a la pensión de 1.350 euros que percibe. Hasta ahora, la mujer pagaba 500 euros.
La compañía también niega haber recibido una oferta de compra de la vivienda por parte del Ministerio de Vivienda o de la empresa pública Casa 47. El ministerio asegura, en cambio, que remitió una propuesta de compra y que no obtuvo respuesta. Urbagestión reconoce haber recibido una oferta para fijar un alquiler de 900 euros, abonado conjuntamente por Casa 47 y Maricarmen, pero afirma que rechazó la propuesta y puso fin a la negociación.
El caso ha provocado una tormenta política y ha abierto el debate sobre una reforma legal urgente, que se anunciará en el próximo Consejo de Ministros del martes. La empresa, que rechaza ser calificada como «fondo buitre», ha demandado al Sindicato de Inquilinas y le reclama 10.000 euros por esas referencias y por supuestas «descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas».
Urbagestión defiende que el desahucio fue legal, una posición respaldada por la jueza del caso. Maricarmen no pudo acogerse al régimen de renta antigua porque su contrato había sido subrogado en dos ocasiones. Sus padres accedieron a la vivienda en 1956, pero las leyes franquistas impedían que las mujeres figurasen como titulares del contrato, por lo que solo constaba su padre.
La noticia, aunque se refiere a un caso ocurrido en Madrid, afecta a un debate de alcance estatal sobre alquileres, desahucios y protección de personas mayores que también puede tener interés para los vecinos de Valencia.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.