Vivienda, corrupción y migración marcan la tensión política en España

La política española afronta una precampaña permanente a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas y a menos de un año de las generales, salvo adelanto electoral. Tres episodios de esta semana —un desahucio en Madrid, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros y un bote de gas pimienta exhibido en el Congreso— han concentrado debates sobre vivienda, credibilidad institucional y migración.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, que llevaba 71 viviendo en el mismo piso del centro de Madrid, ha devuelto la vivienda al centro de la discusión. Sumar reclama al PSOE aprobar un decreto que, según sostiene, habría evitado el lanzamiento, mientras el Gobierno responsabiliza al PP. El caso se suma al debate sobre el llamado «aticazo» de Madrid y a las dudas sobre la gestión de una competencia repartida entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La semana judicial también ha situado al PSOE bajo presión. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero han sido citadas por el caso Plus Ultra. En esta causa se investiga también el origen de unas joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente y valoradas en más de 1,3 millones de euros.

Zapatero sostiene que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007 y ha pedido al juez que solicite cooperación a Riad para confirmar su versión. Por ahora, el texto señala que no consta una confirmación oficiosa de Arabia Saudí.

En el Congreso, la diputada del PP Ana Vázquez exhibió un bote de gas pimienta durante un debate sobre Ceuta, fue expulsada y posteriormente un asesor manipuló el espray en unos baños. Varias dependencias fueron precintadas y 12 personas recibieron atención. El episodio desvió el foco de la situación en Ceuta, donde siguen miles de personas sin atender, entre ellas varios centenares de menores, casi dos meses después de la entrada masiva.

Pedro Sánchez ha reconocido que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y ha pedido explicaciones a Rabat. El Gobierno necesita mantener la cooperación con Marruecos para controlar las llegadas y realizar retornos, pero también debe reclamar responsabilidades cuando falla la seguridad fronteriza. Un dilema que, según el análisis, condicionará a cualquier Ejecutivo futuro y que forma parte de los asuntos nacionales que también siguen con atención los vecinos de Valencia.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.