El Supremo anula el copago de los dependientes de grado II en Castilla y León
El Supremo anula el copago de los dependientes de grado II en Castilla y León y obliga a regular las aportaciones mediante una tasa.
El Tribunal Supremo ha anulado la regulación que permitía cobrar un precio público a las personas con dependencia severa, de grado II, por los servicios residenciales, de centro de día y de cuidados en Castilla y León. La sentencia afecta a todos los usuarios del Sistema de Atención a la Dependencia de la comunidad con ese grado reconocido.
Los magistrados consideran que estas prestaciones son necesarias para personas que necesitan ayuda varias veces al día para realizar actividades básicas y un apoyo extenso para mantener su autonomía. Por ello, entienden que la aportación debe articularse mediante una tasa y no a través de un precio público, reservado para servicios cuya solicitud y recepción sean voluntarias.
El fallo ordena además a la Junta devolver a la persona que inició el litigio las liquidaciones cobradas entre octubre de 2019 y marzo de 2021. La decisión sigue el criterio aplicado por el Supremo en junio de 2025 al anular el copago de los dependientes de grado III, los que presentan mayores limitaciones de autonomía.
La resolución deja en suspenso el cobro de estas aportaciones mientras la Junta modifica la normativa. El Gobierno autonómico prevé incluir la nueva tasa en la Ley de Medidas que acompañará a los presupuestos de 2027, con la intención de aplicarla a partir de enero. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social señala que con esa norma dará cumplimiento a las dos sentencias del Supremo.
La Plataforma Social de Castilla y León calcula que más de 17.000 dependientes de grado II y III atendidos en centros públicos o concertados están afectados por los fallos y estima que la Junta deja de ingresar nueve millones de euros al mes. La entidad reclama al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, explicaciones sobre la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, después de que las Cortes aprobasen esa medida por unanimidad en diciembre de 2025.
La decisión afecta también a las familias de Valladolid que utilizan estos servicios dentro del sistema autonómico de dependencia, aunque el texto no concreta el número de usuarios de la provincia.
Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.