La Audiencia de Valladolid condena a siete acusados del caso ataúdes y absuelve a otros 16

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete acusados del caso ataúdes a penas que suman 41 años de prisión por un delito continuado de estafa agravada, en la modalidad de delito masa, por la sustitución y reutilización sistemática de féretros destinados a servicios de incineración dentro del grupo funerario El Salvador, una práctica que se habría desarrollado durante casi dos décadas. La resolución, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), absuelve a los otros 16 acusados y descarta la existencia de organización criminal, así como los delitos contra el respeto debido a los difuntos, el blanqueo de capitales y la falsedad documental.

La pena más alta, siete años y medio de prisión, recae en Ignacio Morchón Vaquero, hijo del fundador del grupo empresarial y a quien el tribunal sitúa al frente de la compañía. Sus hermanas María del Rosario Morchón Vaquero y Laura Morchón Vaquero son condenadas a siete años y a seis años y seis meses de cárcel, respectivamente. Los otros cuatro condenados, todos ellos trabajadores de sociedades vinculadas al grupo, reciben penas de entre tres años y tres meses y cinco años y nueve meses de prisión, entre ellos José Antonio Morchón Alonso, hermano del fundador. Hipólito Castañeda García, José Luis López García y Antonio Pastor Vaquero, además, deberán pagar multas.

Según la sentencia, durante aproximadamente veinte años se retiraban los cadáveres de los féretros que las familias habían adquirido para la cremación, para reutilizar después esos ataúdes en nuevos servicios, mientras la incineración se realizaba en otros de menor valor. Los familiares desconocían esta práctica. El tribunal estima que se sustrajeron al menos 5.688 féretros, lo que habría reportado un beneficio ilícito de 1,37 millones de euros por el ahorro en la compra de nuevos ataúdes.

La Audiencia considera que el engaño formaba parte esencial de los contratos funerarios y destaca el carácter continuado de la actuación y el elevado número de perjudicados. Los condenados deberán abonar más de 8,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, de la que responderían subsidiariamente las mercantiles Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L. al haberse usado sus medios y estructura empresarial.

Para Valladolid, la sentencia llega de una causa judicial que se ha seguido en su Audiencia Provincial y que afecta a familias que contrataron servicios funerarios en la ciudad y su provincia. El caso pone el foco en la confianza de los consumidores en el sector funerario y en la transparencia de los contratos. Esta información está en desarrollo, y El Norte de Castilla indica que sus periodistas trabajan para ampliarla.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.