La Junta retiró en 2022 la licencia de Aletours por no mantener su fianza

La Junta de Castilla y León retiró el 3 de marzo de 2022 la licencia de la agencia de viajes Aletours por no mantener vigente la fianza obligatoria para ejercer la actividad. La empresa, cuya gerente fue detenida en agosto de 2026 por una presunta estafa continuada, acumula al menos 40 denuncias por el cobro de viajes que no llegó a contratar o que canceló, según la investigación de la Policía Nacional.

El expediente de revocación, facilitado por la Junta tras una solicitud de transparencia, se inició después de que Catalana Occidente comunicara en mayo de 2021 que Aletours había cancelado el seguro de caución que cubría una fianza de 60.101,21 euros. Turismo requirió a la titular que acreditara la vigencia de la garantía o constituyera una nueva.

En noviembre de 2021, la gerente aseguró que la aseguradora había renovado la póliza, pero no llegó a aportar la documentación que lo acreditara. Tras iniciar de oficio el procedimiento y no presentar alegaciones, la Dirección General de Turismo retiró el título-licencia y ordenó la baja de Aletours en el Registro de Turismo de Castilla y León.

Desde esa baja, la agencia no podía ejercer legalmente la actividad turística. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte afirma que no consta ninguna comunicación, actuación o solicitud posterior de la titular, aunque reconoce que no puede verificar de forma permanente la actividad efectiva de todos los establecimientos.

La Junta asegura que tuvo conocimiento de los hechos relacionados con la agencia a mediados de agosto de 2026, a través de las noticias y de reclamaciones de personas afectadas. También señala que la devolución de las cantidades abonadas y las posibles indemnizaciones no son competencia de la Consejería, por lo que los afectados deben acudir a las juntas arbitrales de consumo o a los tribunales.

La información afecta a una agencia de la provincia y se publica con especial interés para los vecinos de Valladolid que pudieran haber contratado sus servicios. La responsabilidad penal y las consecuencias legales deberán ser determinadas por los órganos judiciales.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.