El caso de Maricarmen Abascal reabre el debate sobre el derecho a la vivienda en España
El desahucio y muerte de Maricarmen Abascal en Madrid reabre el debate nacional sobre el derecho a la vivienda, el parque público y la crisis habitacional.
Maricarmen Abascal, de 87 años, murió el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón, dos semanas después de ser sacada de su piso de Retiro (Madrid) en camilla, en un operativo policial de gran tamaño. Vivía en esa casa desde los 17 años, durante setenta años. Su abogada afirmó que, si no se hubiera producido el desahucio, su muerte no habría llegado tan rápido.
Según el texto, Abascal pagaba unos 500 euros al mes. En 2018 el edificio fue comprado por Urbagestión, que pretendía subir el alquiler a 1.600 euros, cuando su pensión era de 1.400. Legalmente, el contrato había vencido y la propiedad podía disponer del inmueble, aunque el artículo cuestiona si la ley aplicada fue justa.
El artículo recoge el análisis del profesor Luis Nogues Sáez sobre la falta de coordinación entre administraciones: la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, pero en la práctica intervienen los servicios sociales municipales y el SAMUR Social. Además, desde marzo de 2024 no existe el convenio entre el CGPJ y la Comunidad de Madrid para detectar casos de vulnerabilidad antes de un lanzamiento.
Los datos citados sitúan el parque de vivienda pública de alquiler en España en el 0,9% del total, frente al 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. En 2023 se ejecutaron 26.659 desahucios, la mayoría por impago de alquiler. El texto también menciona que el 73,6% de los inquilinos se muestra muy preocupado por la crisis de la vivienda, según el Informe sobre Desigualdad en España 2026.
El caso ha tenido repercusión política: el Congreso tumbó los decretos-ley de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts, y se ha anunciado un adelanto electoral para el 29 de noviembre. Organizaciones sociales han convocado una huelga general centrada en la vivienda, y en Madrid la magistrada Raquel Catalá ha paralizado ocho desahucios exigiendo soluciones habitacionales estables.
Para los lectores de Zamora, la noticia es un caso ocurrido en Madrid y enmarcado en el debate nacional sobre la vivienda, sin datos concretos de la provincia en el texto original.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.