Bruselas avisa de que la prioridad nacional deberá respetar la normativa europea
Bruselas vigilará la prioridad nacional de PP y Vox en Aragón y recuerda que deberá respetar la normativa europea sobre igualdad y no discriminación.
La Comisión Europea seguirá la evolución de la denominada «prioridad nacional» incluida en el pacto de PP y Vox en Aragón y ha advertido de que cualquier medida del Gobierno autonómico deberá ajustarse al Derecho de la Unión Europea.
En una respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recordado que los residentes de larga duración de la UE tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida en los ámbitos recogidos por la Directiva 2003/109/CE.
Brunner también ha señalado que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un periodo de residencia superior a los cinco años establecidos en esa directiva. La Comisión ha subrayado además que la normativa europea prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico y la jurisprudencia comunitaria veta las discriminaciones directas e indirectas.
Según la respuesta, una norma puede considerarse indirectamente discriminatoria si perjudica especialmente a nacionales de otros Estados miembros o de terceros países frente a los nacionales del Estado de acogida, salvo que esté justificada y sea proporcionada.
La Comisión Europea indica que la medida todavía no se ha aprobado en Aragón. El Gobierno autonómico sostiene que no tendrá rango de ley, aunque sí influirá en las políticas que se adopten. «La Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del derecho de la UE», concluye Brunner.
Chunta Aragonesista registrará iniciativas en las Cortes de Aragón para pedir al Ejecutivo de Jorge Azcón que concrete el alcance de la prioridad nacional y acredite su compatibilidad con la normativa europea. La diputada autonómica Mary Carmen Bozal ha afirmado que PP y Vox no pueden usar esa expresión «como un cheque en blanco» para establecer condiciones que vulneren derechos reconocidos por la legislación comunitaria.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.