CCOO denuncia irregularidades en la gestión del Instituto Aragonés de Fomento y pide la intervención del Gobierno

CCOO Aragón ha denunciado presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), entre ellas posibles anomalías en procesos de selección, decisiones retributivas unilaterales y represalias contra representantes sindicales. Según el sindicato, estas actuaciones han supuesto un coste superior a los 120.000 euros en indemnizaciones por despido y condenas judiciales, y reclama la intervención del Gobierno autonómico. CCOO sitúa el origen de los problemas en la gestión del actual director gerente del IAF, Daniel Rey.

Entre los hechos señalados, el sindicato menciona la contratación de un directivo cuyo nombramiento se resolvió pocas horas después de que terminara el plazo de presentación de candidaturas. También cita un incremento de 5.000 euros en las retribuciones del personal directivo que, según CCOO, se aprobó de forma unilateral y sin negociación con la representación de los trabajadores. La organización cuestiona además la participación del director gerente en órganos de selección de personal temporal.

CCOO señala asimismo la adjudicación de un contrato menor de 3.500 euros a Zerca Market Digital, cuyo administrador único es hermano de Rey. Según el sindicato, no consta en el expediente la abstención formal del responsable del IAF. Por otra parte, critica el pago de más de 102.000 euros a un alto directivo en concepto de indemnización por despido, pese a que este se reincorporó pocos días después a su puesto en la Administración autonómica, que lo tenía en excedencia.

En el ámbito laboral, el sindicato destaca una sentencia que declaró nulo el despido de una trabajadora temporal del organismo durante su periodo de prueba, al considerar acreditado que el cese fue una represalia por su contacto con la representación de los trabajadores. El fallo condena al IAF a abonar 10.863,60 euros en salarios de tramitación y 7.501 euros por daños morales. CCOO denuncia también que los tres delegados sindicales han visto perjudicadas sus opciones de promoción profesional y que uno de ellos ha perdido las funciones de su puesto.

Por último, la organización asegura que está pendiente de resolución un procedimiento judicial por presunto acoso laboral vinculado a la actividad sindical. CCOO reclama al Gobierno de Aragón que ejerza sus competencias de tutela sobre el IAF y adopte medidas para garantizar la transparencia en la gestión, el cumplimiento de la normativa y el respeto a la libertad sindical.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.