Dos desahucios en Madrid disparan la protesta por el acceso a la vivienda

El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde 1956 en un piso de renta antigua de Madrid, y el de David y su hijo, de 21 años, provocaron este miércoles una de las mayores movilizaciones por la vivienda de los últimos años en la capital. Cerca de 200 personas acamparon junto al portal de Maricarmen y centenares acudieron después para intentar impedir el lanzamiento, que finalmente se produjo hacia las 13.00 horas.

La vecina salió de su domicilio en camilla, acompañada por sanitarios del Samur, y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón. Su contrato, firmado inicialmente por su padre y subrogado después a su madre y a ella, terminó en una disputa judicial tras la compra del edificio por Urbagestión. El Tribunal Supremo avaló la extinción del arrendamiento: pagaba unos 500 euros al mes frente a los 2.650 euros reclamados para continuar en la vivienda.

El segundo desahucio tuvo lugar en el Ensanche de Vallecas, donde David y su hijo residían en una antigua promoción de alquiler asequible de la Obra Social de La Caixa, vendida posteriormente a una sociedad inmobiliaria. En la calle Mazaterón se concentraron cerca de un centenar de vecinos y miembros de colectivos sociales, aunque la protesta tampoco logró detener el lanzamiento.

El Sindicato de Inquilinas anunció una nueva concentración y consideró que la jornada suponía “un punto de inflexión”. Su portavoz, Alicia del Río, criticó la actuación de las administraciones y reclamó que el derecho a la vivienda se sitúe por delante del negocio. La FRAVM denunció el “profundo fracaso de las tres administraciones” y pidió suspender los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional.

La Comunidad de Madrid aseguró que ofreció a Maricarmen una plaza pública en una residencia y que buscó otras opciones junto al Ayuntamiento. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que los servicios sociales podían proporcionarle un recurso inmediato, aunque la mujer rechazó esas alternativas y, según fuentes municipales, optó por alojarse con familiares.

El Gobierno central sostuvo que intentó mediar para adquirir la vivienda y acusó al Ejecutivo madrileño de favorecer a los fondos de inversión. Dentro de la coalición, Movimiento Sumar reclamó una nueva moratoria de desahucios. La noticia, aunque se refiere a Madrid, refleja un debate de alcance estatal sobre el acceso a la vivienda que también sigue con atención la ciudadanía de Zaragoza.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.