El debate sobre la vivienda reclama acuerdos y más claridad competencial

El rechazo en el Congreso de los decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno, con los votos de PP, Vox y Junts, ha reavivado la movilización y la indignación por la situación habitacional. El desahucio y la posterior muerte de Mari Carmen Abascal han intensificado la presión sobre los partidos, que ni siquiera alcanzaron un acuerdo para guardar un minuto de silencio en su memoria.

El texto pone el foco en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. El debate político, según el análisis, se ha desarrollado con mensajes confusos y sin concretar cómo afrontar los problemas de compra, alquiler y relaciones contractuales.

Entre las cuestiones que, a juicio del autor, apenas se han abordado figura el peso del suelo en el precio final de las viviendas. La repercusión puede situarse entre el 15% y el 25% en zonas normalizadas y alcanzar entre el 40% y el 60%, o incluso más, en grandes ciudades y áreas tensionadas. También reclama mayor atención al papel de los arquitectos y a la industrialización de la construcción como posible vía para contener costes.

El artículo recuerda que las comunidades autónomas tienen las principales competencias en vivienda, incluida la promoción de viviendas de protección oficial, la gestión de parques públicos, las ayudas, la rehabilitación y la inspección. También asumen la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que los ayuntamientos intervienen en las licencias, el planeamiento local y la gestión de patrimonios públicos de suelo.

El Estado mantiene competencias transversales sobre el régimen jurídico, los contratos privados, la planificación económica, la fiscalidad y la financiación general. En este marco, el texto cuestiona que algunos municipios recalifiquen suelos que terminan en manos privadas o vendan suelo público a precios de mercado en lugar de destinarlo a VPO, y cita expresamente el caso de Zaragoza como ejemplo planteado en el artículo.

El análisis también critica la venta de lotes de miles de viviendas protegidas a fondos de inversión, como ocurrió en Madrid, y que viviendas públicas o protegidas pasen al mercado libre tras periodos de alrededor de diez años. La conclusión reclama acuerdos entre las administraciones y los partidos para afrontar un problema que afecta a numerosos ciudadanos.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.