La oposición cuestiona los datos del consejero aragonés sobre territorio protegido
Un artículo cuestiona los datos del consejero Biendicho sobre territorio protegido en Aragón, con un 3,5 % frente al 28,5 % que defendió en las Cortes.
Un artículo de opinión publicado por El Periódico de Aragón cuestiona los datos que el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Sr. Biendicho, expuso en las Cortes de Aragón en respuesta a la diputada de Izquierda Unida, Sra. Goicoechea. Según el texto, el consejero sostuvo que Aragón supera la media española en territorio protegido, con un 28,5 %, mientras que el autor sostiene que la comunidad solo tiene un 3,5 % de su territorio jurídicamente protegido y la menor proporción del país.
El articulista recomienda contrastar las cifras con la web del Ministerio para la Transición Ecológica, donde figuran los espacios naturales protegidos declarados por las comunidades autónomas hasta diciembre de 2025. Según esos datos citados por el autor, Aragón tendría 25 espacios protegidos, frente a los 285 de Cataluña y los 306 de la Comunidad Valenciana, y un porcentaje de territorio protegido muy inferior al de Cataluña (32 %) o La Rioja (casi 36 %).
El texto también reprocha que, según su autor, Aragón lleva dos décadas sin declarar ningún espacio protegido, que el proyectado Parque Natural Anayet-Partacua quedó paralizado por intereses urbanísticos y que el Parque Nacional de Ordesa no ha sido ampliado, pese a tener menos de 16.000 hectáreas frente a las 20.000 que, según la normativa citada, se requieren para garantizar su viabilidad ecológica.
Asimismo, el autor critica que el consejero no explicara por qué no se aplica el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2015 del Gobierno de Aragón, que obliga a iniciar el procedimiento de planes de ordenación de recursos naturales cuando una zona bien conservada está amenazada. Sostiene además que la protección no implica prohibiciones ni menos economía, sino que puede favorecer el desarrollo de comarcas como las de Ordesa o Guara, y reclama a las autoridades que cumplan su propia normativa.
Se trata de una opinión de un colectivo o autor concreto, por lo que las afirmaciones sobre cifras y decisiones de la DGA deben entenderse como la postura de quien firma el texto. Aunque el debate se sitúa en el conjunto de la provincia y de la comunidad, afecta también a Zaragoza como capital aragonesa.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.