Sanidad reclama que Madrid active el registro de objetores al aborto
Sanidad pide medidas legales para que Madrid cree el registro de objetores al aborto y denuncia que el 99% de las intervenciones se hacen en centros privados.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto. El departamento asegura que, a 1 de septiembre, el Gobierno madrileño solo había iniciado los trámites.
García se ha referido a la resolución dictada en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligaba a la comunidad a iniciar los procedimientos administrativos para elaborar y aprobar este registro. La decisión se produjo tras un recurso contencioso-administrativo de la Abogacía del Estado contra la inactividad de la Administración autonómica.
La ministra ha anunciado la petición durante la presentación de una campaña destinada a combatir el estigma y la culpa asociados al aborto y a reivindicar el derecho a acceder a esta prestación en la sanidad pública. Según los datos ofrecidos, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en centros privados; en Madrid, la proporción alcanzó el 99%.
García ha defendido que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero ha señalado que debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo a la atención sanitaria. También ha reclamado organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros e información sobre los métodos disponibles.
La campaña sostiene que las mujeres deben recibir información clara, escucha y una vía sencilla para acceder a la atención que necesitan. La ministra ha subrayado que cada mujer puede vivir el aborto de manera distinta y que todas las decisiones y emociones deben ser atendidas con el mismo respeto.
La cuestión afecta al conjunto del sistema sanitario y tiene interés para Zaragoza y Aragón por el debate sobre el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, aunque las actuaciones anunciadas se centran en la Comunidad de Madrid.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.