Urbagestión niega haber impuesto una subida concreta a la inquilina desahuciada

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., propietaria de la vivienda de Madrid de la que Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada este miércoles, niega que exigiera una subida concreta del alquiler. La empresa sostiene que nunca reclamó una renta superior a la que pagaba la inquilina, aunque admite que planteó situarla «en torno al 40% o 50% del precio de mercado».

La propuesta fue trasladada a la abogada de Maricarmen y a la asociación de inquilinas, según un comunicado de la compañía. Sin embargo, Urbagestión sí estableció en 1.650 euros mensuales el alquiler necesario para que la mujer continuara en la vivienda con un nuevo contrato, una cantidad superior a su pensión, que es de 1.350 euros. Hasta ahora abonaba 500 euros.

La inmobiliaria también asegura que ni el Ministerio de Vivienda ni la empresa pública Casa 47 le hicieron una oferta de compra del inmueble y sostiene que legalmente no podían hacerlo. El Ministerio, en cambio, afirma que remitió una propuesta de compra y que no recibió respuesta.

Urbagestión reconoce haber recibido una oferta de Casa 47 para fijar un alquiler de 900 euros, sufragado conjuntamente por el organismo público y Maricarmen. La propiedad rechazó esa propuesta y dio por terminadas las negociaciones. Otras personas ofrecieron asumir la deuda, pagar el alquiler o comprar la vivienda, pero no se alcanzó ningún acuerdo que evitara el desahucio.

El caso ha provocado una fuerte disputa política y ha abierto el debate sobre una reforma legal urgente, que el Gobierno prevé anunciar en el Consejo de Ministros del martes. Urbagestión rechaza además que se la califique como «fondo buitre» y ha demandado al Sindicato de Inquilinas, al que reclama 10.000 euros por esas expresiones y por supuestas coacciones.

La empresa defiende que el desahucio fue legal, una posición respaldada por la jueza del caso. Maricarmen no pudo acogerse al alquiler de renta antigua porque su contrato había sido subrogado en dos ocasiones, algo que la ley impide. Sus padres accedieron a la vivienda en 1956, pero el contrato quedó a nombre de su padre porque las leyes franquistas no permitían que las mujeres lo firmaran.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.