El CGPJ ultima una carga de trabajo "saludable" para los jueces por orden del Supremo
El CGPJ prepara la propuesta para fijar la carga de trabajo saludable de los jueces, tras la orden del Tribunal Supremo de 2023 y entre críticas de las asociaci
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima su propuesta para fijar la carga de trabajo considerada saludable para jueces y magistrados, tres años después de que el Tribunal Supremo le obligara, en una sentencia de septiembre de 2023, a regular este asunto a efectos de salud laboral ante la saturación de asuntos pendientes en los juzgados. Según las fuentes consultadas por El Periódico, la propuesta podría aprobarse en las próximas semanas y su discusión está prevista en el Pleno del Consejo del próximo miércoles.
El protocolo tiene en cuenta las alegaciones presentadas por las asociaciones profesionales, que reclaman que el documento incorpore criterios médicos y perspectiva de género, dado que la carrera judicial está integrada mayoritariamente por mujeres. Fuentes del sector progresista del Consejo reconocen que se trata de un asunto muy conflictivo. Antes del verano, una primera aproximación terminó con la dimisión de Ricardo Bodas como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial, por la falta de base científica del plan, que según los discrepantes se elaboró recurriendo a la inteligencia artificial y a experiencias personales, sin el trabajo técnico de los servicios del propio órgano.
El Foro Judicial Independiente sostiene en sus alegaciones que fijar cargas solo a partir del número de asuntos que llegan a un juzgado en un periodo determinado no permite detectar situaciones de grave sobrecarga y riesgo para la salud, y reclama la intervención de médicos, psicólogos, psiquiatras y especialistas en medicina del trabajo y riesgos psicosociales. Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, considera que el documento inicial carece de perspectiva de género y no tiene en cuenta el estrés de la crianza o del cuidado de personas dependientes, un riesgo que, según advierte, aumenta en los juzgados de violencia, cuyas competencias se han ampliado recientemente.
La Asociación Francisco de Vitoria discrepa de que el CGPJ no sea empleador de los jueces, a efectos de la normativa de prevención de riesgos laborales, y propone que, al superar los tramos considerados saludables, se reconozca una licencia especial de recuperación proporcional al tiempo y al nivel de sobrecarga. Además, señala que el borrador no identifica la intervención de especialistas ni expone una metodología que justifique los umbrales propuestos.
El debate tiene también un referente europeo: a finales de octubre, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos abordó medidas de bienestar para los fiscales, entre ellas el derecho a la desconexión fuera del servicio y la necesidad de valorar las cargas no solo por número de asuntos, sino también por su complejidad.
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