El Gobierno recurre al Constitucional 20 artículos de la ley de Acompañamiento valenciana

El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026. El Ejecutivo central impugnará 20 de sus 200 artículos, agrupados en seis bloques que coinciden en buena parte con las enmiendas más polémicas del acuerdo entre PP y Vox, como la incorporación del principio de «prioridad nacional» o el veto al uso del burka en espacios públicos.

La decisión cumple con el aviso que hizo en julio, mientras la norma se tramitaba en las Corts, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. Entonces aseguró que el Gobierno recurriría ante el Constitucional los proyectos legislativos de la Generalitat que incorporaran la «prioridad nacional». A ello se sumaron otros puntos, como el de la Inspección Educativa o el burka. La ley fue aprobada a finales de julio con 53 votos a favor y el rechazo de la izquierda.

El primer bloque se refiere a los criterios de arraigo y al principio de «prioridad nacional» que la ley introduce en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales. Según el Gobierno, esos criterios condicionan el acceso al origen del solicitante y vulneran el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad, y el artículo 9.2, que recoge el mandato de igualdad material. El Ejecutivo sostiene que la discriminación afecta tanto a extranjeros como a españoles. La reforma exige tres años de empadronamiento continuado, o diez en los últimos treinta, para acceder a prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión, y excluye de las ayudas a los inmigrantes en situación irregular.

El recurso impugna también la obligación de llevar el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, así como las sanciones previstas por incumplirla. El Gobierno considera que la Generalitat invade competencias estatales como la seguridad pública, el transporte, la función pública básica y la sanidad, y que la medida lesiona el artículo 14 por su «efecto disuasorio y discriminatorio».

En el capítulo de infancia, el recurso cuestiona que la ley extienda a los no nacidos la protección del derecho a la vida, lo que, a juicio del Gobierno, contradice el artículo 15 de la Constitución y altera el régimen de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento y es competencia del Estado. Este bloque incluye además la prioridad que la ley da a la reagrupación familiar de los menores tutelados, que el Ejecutivo considera una invasión de la competencia exclusiva en materia de extranjería.

Asimismo, se recurren la igualdad de las personas LGTBI en los centros educativos, que la ley convierte en opcional pese a que la normativa básica estatal la configura como obligatoria, y el requisito de diez años de antigüedad exigido a funcionarios de otras administraciones para optar a puestos de la Dirección Pública Profesional. Por último, el Gobierno impugna los proyectos estratégicos de energías renovables, a los que ve como una invasión de competencias estatales en medio ambiente, régimen energético y planificación económica.

Es la segunda vez en poco tiempo que una ley de acompañamiento valenciana acaba en el Constitucional: en mayo, el Pleno admitió a trámite el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Acompañamiento 5/2025, con los que PP y Vox habían modificado la Ley Trans de la Comunitat Valenciana. La propuesta del recurso procede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Para Alicantet, se trata de un asunto autonómico de alcance provincial que afecta al conjunto de la Comunitat, sin que el texto recoja datos específicos de la ciudad.

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