El TSJCV vuelve a dar la razón a una diputada socialista y obliga a Sanidad a desglosar el gasto en empresas privadas
El TSJCV da por segunda vez la razón a Yaissel Sánchez y ordena a Sanidad entregar en un mes el desglose del gasto en empresas privadas. La sentencia no es firm
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a estimar el recurso de la diputada socialista Yaissel Sánchez contra la Conselleria de Sanidad por no facilitarle información detallada sobre el gasto destinado a empresas sanitarias privadas. En una segunda sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara que el departamento dirigido por Marciano Gómez vulneró el derecho fundamental de la parlamentaria al no responder adecuadamente a dos solicitudes sobre contrataciones y derivaciones de distintos departamentos de salud, y obliga a la Generalitat a entregar los datos en el plazo máximo de un mes. La resolución, fechada el 15 de octubre y notificada el 23 de ese mes, llega después de otra sentencia de finales de septiembre en la que el mismo tribunal ya había dado la razón a Sánchez por negarse a desglosar los pagos a hospitales y clínicas privadas durante 2024 y 2025.
El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha denunciado las "maniobras inadmisibles" del conseller para ocultar información sobre el destino de los recursos públicos y ha acusado a Gómez de actuar como un "agente comercial de las empresas de la sanidad privada", con las que, según sostiene, mantiene vínculos e intereses familiares. Muñoz considera que este segundo revés judicial evidencia la falta de transparencia de Sanidad en su política de externalizaciones.
Las dos nuevas solicitudes, presentadas al amparo del artículo 12 del Reglamento de Les Corts, pedían el detalle del gasto en contrataciones y derivaciones a empresas privadas en 16 departamentos de salud en 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, así como el peso de esos gastos sobre el presupuesto de cada departamento entre 2022 y 2026, junto con las pruebas diagnósticas y servicios externalizados por especialidades e importes. La Conselleria respondió el 5 de junio con cifras agrupadas que impedían conocer la evolución anual, y justificó la agrupación en el cambio de sistema contable y en una supuesta falta de claridad en una de las peticiones.
Los magistrados no aceptan esos argumentos. La sentencia cuestiona que Sanidad sustituyera los importes pagados por las obligaciones presupuestarias tramitadas o reconocidas, y reprocha la omisión de datos sobre especialidades, pruebas y servicios derivados. "La Administración imposibilita conocer cuánto corresponde realmente a cada ejercicio; qué evolución experimentó el gasto y qué departamentos variaron las derivaciones (en aumento o disminución), así como las especialidades y los servicios que motivaron los pagos", advierten. El tribunal también recuerda que el mayor tiempo necesario para preparar los datos no convierte una dificultad administrativa en una imposibilidad material, y concluye que se vulneró el artículo 23.2 de la Constitución, que protege la función de fiscalización de los parlamentarios.
Muñoz ha criticado que la Generalitat alegue dificultades para separar el gasto por anualidades cuando la información presupuestaria se elabora por ejercicios, y ha relacionado esta política con las liquidaciones aprobadas en 2025 para las antiguas concesionarias sanitarias. Por su parte, la Conselleria de Sanidad asegura en un comunicado que reitera su compromiso con la transparencia, que no ha dejado de responder ninguna solicitud desde el inicio de la legislatura y que la sentencia no es firme. Según sus fuentes, el tribunal reconoce "serias dudas jurídicas" en la controversia, motivo por el que no impone costas a la Administración.
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