Indemnización para inquilinos si el casero no renueva el alquiler: cuánto podrán cobrar
Nuevo decreto: el casero que no renueve el alquiler deberá indemnizar al inquilino. Así se calcula la cantidad y las excepciones previstas.
El Gobierno ha aprobado una nueva regulación que obliga, en determinados supuestos, a los propietarios a indemnizar económicamente a los inquilinos cuando decidan no renovar el contrato de una vivienda habitual. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 28/2026, publicado en el BOE el 7 de octubre, y prevé su entrada en vigor el 15 de noviembre, siempre que el Congreso la convalide. La indemnización será la cantidad más elevada entre doce mensualidades calculadas según el valor superior del rango individualizado del Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler, o una mensualidad por cada año que el arrendatario haya vivido en la vivienda. Los periodos inferiores al año se calcularán proporcionalmente.
La norma modifica también los plazos de duración y renovación de los contratos. Tras cinco años de alquiler, o siete cuando el propietario sea una persona jurídica, podrán establecerse prórrogas sucesivas de cinco o siete años si ninguna de las partes comunica su voluntad de finalizar el contrato. El casero deberá avisar de su intención de no renovar con seis meses de antelación, frente a los cuatro meses exigidos hasta ahora, mientras que el inquilino mantiene el preaviso de dos meses.
No todos los propietarios estarán obligados a pagar. Quedan exentos los casos en que el casero necesita la vivienda como residencia habitual propia, para determinados familiares hasta segundo grado o para su cónyuge en situaciones de separación, divorcio o nulidad matrimonial, motivo que debe constar expresamente en la comunicación. Si la vivienda no se ocupa por las personas indicadas dentro del plazo legal, el antiguo arrendatario podrá reclamar la compensación.
El inquilino también puede perder el derecho a cobrar en otros supuestos: no haber residido efectivamente en la vivienda durante los seis meses anteriores a la comunicación, disponer de otra vivienda adecuada en el mismo municipio, rechazar una oferta válida del propietario para firmar un nuevo contrato, o acordar ambas partes la renovación del arrendamiento.
Para los vecinos de la provincia de Alicante, que afrontan el mismo problema de precios elevados y escasez de pisos en alquiler que el resto del país, la norma supone un cambio relevante en la estabilidad de los arrendatarios.
Información elaborada a partir de Información.