Los afectados de Campomanes piden revisar la prórroga hasta 2036
Los afectados del puerto de Campomanes, en Altea, piden a la Generalitat explicar una prórroga hasta 2036 y sus condiciones económicas.
La Comunidad de afectados del Puerto Deportivo Luis Campomanes, en Altea, reclama a la Generalitat Valenciana que explique las condiciones económicas de la prórroga de diez años concedida a Marina Greenwich SA. El colectivo estima que la explotación podría generar cerca de 60 millones de euros, frente a una inversión comprometida de aproximadamente 1,4 millones más IVA.
La resolución administrativa de 2022 recogía, según los afectados, una inversión de 1.701.605,53 euros, IVA incluido, destinada a mejorar las instalaciones portuarias. La comunidad considera que la diferencia entre esa cantidad y los ingresos potenciales exige aclarar los criterios empleados para aprobar la ampliación y sus efectos sobre los titulares de amarres, los locales comerciales y el Club Náutico Campomanes.
Los afectados precisan que los 60 millones son una estimación basada en la propuesta económica de Marina Greenwich y en los cambios planteados en las tarifas de amarres, alquileres y locales. No obstante, esas cantidades no acreditan por sí mismas los beneficios netos que obtendrá la empresa. En comunicaciones anteriores, el Club Náutico había calculado ingresos de entre 30 y 40 millones, mientras que su secretario, Gonzalo Pons-Trénor, situó el beneficio potencial entre 35 y 50 millones.
El conflicto también se centra en el acceso al expediente administrativo. La Comunidad asegura que lleva más de dos años intentando consultar las solicitudes de ampliación, el proyecto y el presupuesto de las obras, además de las memorias económicas aportadas por Marina Greenwich. El procedimiento sobre la documentación económica se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, mientras que el Consell Valencià de Transparència desestimó en 2025 una reclamación al considerar que el asunto estaba judicializado.
La prórroga extiende la concesión hasta 2036. Marina Greenwich sostiene que la ampliación permite modificar las condiciones de uso de las instalaciones, mientras que el Club Náutico y los titulares de amarres defienden que deben mantenerse los derechos ejercidos durante décadas. Una reunión celebrada el 23 de septiembre en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio terminó sin acuerdo, por lo que los afectados prevén continuar con las actuaciones administrativas y judiciales.
La Comunidad reclama a la Generalitat que facilite la documentación a la que los interesados tengan derecho, explique la valoración del interés general y aclare la relación entre la inversión prevista y el rendimiento económico de la concesión. También plantea estudiar posibles alternativas de gestión, incluida una eventual intervención directa de la Administración dentro del marco legal.
Información elaborada a partir de Información.