La jueza de la dana sostiene que Emergencias debía vigilar los barrancos desde la víspera con el máximo de recursos

La jueza que instruye la causa penal por la dana del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, considera en un auto fechado este miércoles que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat debía haber desplegado el mayor número posible de efectivos para vigilar los barrancos ante el riesgo de inundaciones. Según la magistrada, esa "vigilancia permanente" era exigible desde la preemergencia del 28 de octubre y durante las situaciones 0 y 1 del día siguiente, y no debía limitarse a las unidades de bomberos forestales que se movilizaron.

Alzira aparece en la resolución porque sus bomberos forestales fueron, junto a los de Buñol, las únicas unidades movilizadas para medir las escalas de los cauces. La unidad de Alzira salió a las 13.06 horas hacia el área del puente de Carlet, en el río Magro. La jueza recuerda que el plan especial de inundaciones de la Comunitat Valenciana contemplaba otros recursos para reforzar la vigilancia, como agentes medioambientales, unidades de prevención de incendios forestales, más bomberos forestales, los ayuntamientos y las fuerzas de seguridad, y que no se utilizaron.

El auto recoge que, a las 14.05 horas del 28 de octubre, se anuló una petición de colaboración para reforzar el seguimiento de barrancos y zonas inundables, con el argumento de que en ese momento no había ningún cauce en riesgo. La magistrada contrapone esa decisión a un mensaje enviado la noche anterior por una técnica al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en el que advertía de que el día siguiente sería el más desfavorable por las lluvias y tormentas.

La resolución también destaca un mensaje de Argüeso enviado a las 14.44 horas del 29 de octubre, en el que afirmaba que "Los barrancos están a punto de colapsar". Para la jueza, resulta "difícilmente comprensible" que se omitiera el control permanente de los recursos de vigilancia, sobre todo teniendo en cuenta que barrancos tributarios del Poyo, como los de Horteta y Gallego, carecían de sensores.

El auto responde a una solicitud de diligencias de la acusación particular para aclarar qué puntos de control se vigilaron durante la jornada, qué organismos tenían asignada esa función, qué órdenes se dieron y qué comunicaciones y mediciones se realizaron.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.