Turcón presenta alegaciones contra las 24 jaulas de lubinas proyectadas en La Aldea
Turcón presenta alegaciones contra 24 jaulas de cría de lubinas en La Aldea que ocuparían 47,2 hectáreas y piden denegar la concesión.
El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra la explotación acuícola de 24 jaulas marinas promovida por la empresa Gran Canaria Bass Company en la costa de La Aldea y Artenara, que ocuparía 47,2 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre para la cría intensiva de lubinas. Los ecologistas piden al Gobierno de Canarias que deniegue la autorización tras la exposición pública del estudio de impacto ambiental, en la zona de interés acuícola ZIA-GC-9.
Según el estudio citado por Turcón, la explotación podría generar unas 740 toneladas anuales de materia orgánica particulada. La organización cuestiona que se haya evaluado suficientemente la capacidad del medio marino para absorber esos residuos, sobre todo en periodos de poca circulación del agua, temperaturas altas o malas condiciones meteorológicas. También advierte de posibles efectos sobre los fondos marinos por los anclajes y cadenas, sobre el hábitat marino de interés comunitario 1110 y sobre espacios de la Red Natura 2000 cercanos.
El colectivo reclama además estudiar el impacto sobre aves marinas como la pardela cenicienta atlántica, por la iluminación, las colisiones y la alteración de zonas de alimentación, así como el ruido submarino y la posible contaminación por restos de redes y plásticos. Turcón relaciona el proyecto con la propuesta del Parque Nacional marítimo-terrestre de Guguy, situado en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Para Artenara, el litoral afectado forma parte de su entorno costero y el proyecto preocupa a los colectivos por su posible impacto ambiental en una zona de valor natural. La organización también señala efectos económicos para los pescadores de las cofradías de Agaete y de La Aldea, que podrían verse obligados a desplazarse a otros caladeros con mayores costes, y solicita un estudio socioeconómico independiente.
En sus alegaciones, Turcón pide a la dirección general de Pesca que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y revise la ordenación de la zona ZIA-GC-9 para excluirla de la acuicultura intensiva. Recuerda que el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias se aprobó en 2018 y que la solicitud de concesión data de hace tres años. La empresa prevé una inversión de casi siete millones de euros y la creación de 60 empleos.
Información elaborada a partir de La Provincia.