La demora judicial influyó en la pena del acusado del crimen de Azpeitia

El hombre detenido por el asesinato del taxista Álex Aizpuru en Azpeitia tenía antecedentes por delitos contra la salud pública y, en una de esas causas, evitó volver a prisión debido a la demora en la tramitación judicial. El procedimiento se prolongó durante siete años.

El sospechoso había sido detenido en 2015, ocho meses después de salir de la cárcel, pero la condena no llegó hasta 2022. Aunque fue sentenciado a dos años y cinco meses de prisión, el juez sustituyó la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

El caso forma parte de tres ejemplos de Gipuzkoa sobre los efectos de las dilaciones indebidas, es decir, retrasos extraordinarios e injustificados en procedimientos que no se deben a la complejidad del asunto ni al acusado. Su aplicación puede reducir las penas, aunque depende de las circunstancias de cada proceso.

Entre los otros casos citados figura el del expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola. La Audiencia Provincial redujo sus penas de prisión, que sumaban diez años, a dos años y nueve meses, además de rebajar las indemnizaciones de 195.000 a 90.500 euros y las multas de unos 180.000 a aproximadamente 21.600 euros.

También se menciona la condena al exdirector de la Hacienda foral Víctor Bravo. La Audiencia redujo en 2024 la pena de siete años a dos años y medio por delitos fiscales, principalmente tras aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Información elaborada a partir de El Diario Vasco.