El TSJC mantiene el Parc de l’Alba, pero exige corregir riesgos de inundación

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado la mayor parte del plan urbanístico del Parc de l’Alba, en Cerdanyola del Vallès, un proyecto metropolitano que prevé 5.377 viviendas para unos 15.000 habitantes. La sentencia obliga, sin embargo, a revisar varias actuaciones por los riesgos de inundación detectados en algunos sectores.

La resolución estima parcialmente los recursos de Refem el Centre Direccional y la Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC). El tribunal cuestiona la ubicación de tres equipamientos y de un vial junto a la riera de Sant Cugat, y advierte de un “riesgo grave de inundación” en Montflorit y Canaletes. También señala que las edificaciones previstas junto al torrente de Magrans no respetan la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años.

El fallo declara la nulidad parcial del planeamiento, pero no anula el conjunto del Parc de l’Alba. El proyecto afecta a 408 hectáreas entre Cerdanyola y Sant Cugat y contempla nuevos espacios empresariales, equipamientos y centros de investigación, con el Sincrotrón Alba y la Universitat Autònoma de Barcelona como principales polos científicos.

El TSJC también avala la dimensión residencial del plan, que el planeamiento vincula al objetivo catalán de que el parque destinado a políticas sociales alcance el 15% en un plazo máximo de 15 años. Según la memoria del proyecto, Cerdanyola necesitaría unas 4.000 viviendas para políticas sociales y el nuevo barrio podría contribuir a aliviar la presión sobre la vivienda de los municipios vecinos del área de Barcelona.

La iniciativa prevé que el ámbito llegue a concentrar hasta 30.000 puestos de trabajo y alrededor de un centenar de empresas, frente a las 1.300 personas que trabajan actualmente en el parque. La sentencia no considera que la proximidad a los antiguos vertederos de Can Planas y Elena impida el desarrollo, aunque recomienda mantener medidas de seguimiento y control.

ADENC ha valorado que el tribunal reconozca los problemas de inundabilidad, pero ha lamentado que no aceptara la mayor parte de sus argumentos ambientales, territoriales y de salud pública. La sentencia no es firme: las entidades ecologistas disponen de 30 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).