La ACCO pide mantener la competencia privada en el bicisharing de Barcelona tras la decisión de no renovar licencias

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha pedido preservar la "pluralidad de la oferta" en los servicios de bicicleta compartida de Barcelona, después de que el alcalde Jaume Collboni anunciara en junio que no renovará las licencias de los operadores privados en 2027. Según un comunicado del organismo, la desaparición de las siete empresas que actualmente prestan el servicio (Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Lime, RideMov y Voi) reduciría las alternativas de movilidad y eliminaría la "presión competitiva sobre el servicio municipal".

La ACCO sostiene que la decisión "plantea cuestiones relevantes desde la perspectiva de la neutralidad competitiva" y que cualquier medida que impida la continuidad de los operadores privados debe estar justificada por criterios de necesidad y proporcionalidad, previa valoración de otras opciones "menos restrictivas". El organismo recuerda que el Ayuntamiento actúa a la vez como regulador y como titular del servicio municipal Bicing, y advierte de que, si este se convierte en el único operador, "se debilitarán los incentivos a mejorar los precios, la calidad, la variedad y la innovación".

Además, la ACCO considera que la ampliación prevista del Bicing no bastaría para compensar la desaparición de la competencia privada, ya que "no preservaría por sí misma" los beneficios asociados a la concurrencia de varios prestadores. Por ello, pide "especial cautela" para evitar que las decisiones reguladoras introduzcan ventajas injustificadas a favor de la titularidad pública.

Los operadores privados han celebrado el posicionamiento del organismo y, en un comunicado conjunto, han defendido una "mejor regulación" y el "diálogo" con el consistorio. Hace unas semanas solicitaron una prórroga de dos años de las licencias actuales para "garantizar la continuidad del servicio" mientras se trabaja en un nuevo modelo regulador, con mejoras en el control del estacionamiento, la gestión de las flotas y la calidad del servicio. "Siempre hemos defendido que el Bicing y los operadores privados pueden convivir y complementarse", afirman.

La decisión del Ayuntamiento está relacionada, según explica, con el alto volumen de sanciones y el "mal uso" por parte de usuarios mayoritariamente no residentes. Según datos municipales desde enero de 2025, cada bicicleta fue multada al menos dos veces y la grúa se llevó a tres de cada cuatro de una flota total de 3.500 unidades. El consistorio sostiene que el problema no es la falta de espacios, sino la capacidad de las empresas para cumplir la normativa y las condiciones de sus licencias.

Las empresas afectadas replican que el porcentaje de usuarios locales se sitúa por encima del 40% y que las sanciones representan el 0,17% de los viajes totales realizados con sus vehículos. "El debate debería plantearse en si Barcelona debe reducir opciones de movilidad sostenible cuando existen medidas regulatorias y operativas disponibles para mejorar el servicio", señalan.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).