La jueza del accidente de Urda pide acelerar la búsqueda de restos y trabajar también de noche

La jueza que investiga la tragedia ferroviaria de Urda ha pedido a la empresa de grúas contratada por Adif-Renfe que acelere las tareas de búsqueda, que destine los operarios necesarios y que trabaje de forma ininterrumpida, también de noche. La petición responde a la «urgente necesidad» de localizar todos los posibles restos que aún podrían encontrarse en el lugar donde están los trenes siniestrados, donde han muerto al menos 69 personas. El objetivo es entregarlos a las familias de las víctimas lo antes posible.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el requerimiento judicial se notificó el sábado para continuar sin interrupción la retirada de los vagones durante la noche, pero no pudo cumplirse por la falta de operarios suficientes en la empresa de grúas. Los trabajos se reanudaron el domingo por la mañana. Ahora la jueza exige que la empresa establezca los turnos necesarios para relevar a quienes han trabajado hasta ahora en la zona.

La magistrada, titular de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha dictado una resolución que prohíbe obtener, difundir o publicar información o imágenes relativas a las víctimas, con el fin de preservar su intimidad, integridad y dignidad y evitar la revictimización. El procedimiento sigue bajo secreto de sumario.

En el plano político, Vox anunció desde el primer momento que se querellaría contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y su líder, Santiago Abascal, ha explicado que el partido se personará en la causa como acusación popular. El PP también ha decidido personarse para que nadie pueda eludir las responsabilidades que le correspondan. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Alma Ezcurra, ha defendido que la tragedia de Urda no puede explicarse «simplemente como un accidente».

El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados, como ya se hizo tras otras catástrofes como la dana, la erupción del volcán de La Palma y el accidente ferroviario de Adamuz, con 46 víctimas mortales. En aquel caso, el Gobierno fijó una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido, repartida en tres partidas de 72.000 euros: una indemnización a fondo perdido, un anticipo de la responsabilidad civil y la cobertura del seguro obligatorio. Puente justificó entonces esas medidas porque los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia de una tragedia.

El martes, Puente presentará un informe sobre el accidente al Consejo de Ministros y después comparecerá en rueda de prensa desde La Moncloa, así como ante la Diputación Permanente del Congreso. El ministro acumula peticiones de dimisión de casi todo el arco parlamentario, incluidas las de Junts, BNG y Bildu, y las de Sumar y Front Ampli, socio del Gobierno. De momento, ERC, Podemos y el PNV no han reclamado explícitamente su destitución, aunque sí se han mostrado muy exigentes con las explicaciones que debe dar.

Información elaborada a partir de Ara.