Las compras de edificios enteros en Barcelona caen y la inversión se traslada a locales y oficinas

Las compras de bloques enteros de pisos en Barcelona han perdido fuelle por la regulación de la vivienda, y la inversión se está desplazando hacia naves, oficinas, locales comerciales, hoteles y aparcamientos. Según los datos recogidos por El Periódico, las compraventas pasaron de 217 en 2024 a 149 en 2025, una caída de más de un 30%, después de promediar más de 200 operaciones anuales en los últimos años.

Christian Gracia, director de inversión, suelo y obra nueva de la consultora Forcadell, afirma que la compra de edificios residenciales enteros en la ciudad "ha ido perdiendo atractivo para los inversores" y que existen "más propiedades en comercialización que inversores dispuestos a adquirirlas". Por su parte, Carlos Bajo, ‘managing director’ de Laborde Marcet, señala que el mercado se ha reducido tanto por la oferta como por la demanda, y que la incertidumbre regulatoria y fiscal disuade a parte del capital.

Montserrat Junyent, presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, atribuye el retroceso a factores como la limitación de las rentas, los cambios en los contratos de arrendamiento, las nuevas obligaciones de los propietarios, la ampliación del derecho de tanteo y retracto de la Generalitat y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava con un 20% el traspaso de inmuebles enteros en Catalunya.

El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni, atribuye la caída al "éxito de las regulaciones en materia de vivienda", entre ellas el fin de los pisos turísticos previsto para 2028, la declaración de zona residencial tensionada y los topes al alquiler. Junyent matiza que reducir las compraventas no basta por sí solo para resolver el problema de la vivienda.

Entre 2021 y 2025, Ciutat Vella y el Eixample concentraron buena parte de las 297 fincas completas ofrecidas en el mercado, según datos municipales. El consistorio ejerció su derecho de tanteo y retracto en 23 inmuebles entre 2019 y 2025, con un desembolso de 71,73 millones de euros. Las entidades vecinales y los sindicatos de vivienda vinculan estas compras con la gentrificación y la expulsión de vecinos.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).